Marta Vilalta: el marco legal para la mesa de negociación «va mucho más allá» de la Constitución

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Marta Vilalta: el marco legal para la mesa de negociación «va mucho más allá» de la Constitución

Vilalta ha dicho que lo tienen que hacer con escepticismo y no pensar que ya está todo hecho.

Marta Vilalta ERC

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha dicho este viernes que la Constitución no limita lo que se pueda acordar en la mesa de negociación: «Hemos identificado que el marco legal es el ordenamiento jurídico democrático, y esto va mucho más allá de la Constitución».

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Vilalta ha afirmado que no tiene ninguna duda de que el Govern se sentará en esta mesa: «Es aquello que hemos estado reivindicando».

También ha constatado que probablemente las propuestas del Gobierno se quedarán «muy cortas» en comparación con hasta donde quieren llegar, pero ha añadido que, como mínimo, las podrán argumentar y rebatir, así como defender por qué hace falta llegar mucho más allá, en sus palabras.

APROVECHAR LA OPORTUNIDAD

Vilalta ha dicho que lo tienen que hacer con escepticismo y no pensar que ya está todo hecho, pero a la vez con la responsabilidad de aprovecharlo: «Creemos que es una oportunidad que tenemos que saber aprovechar y, a la vez, somos igual de escépticos, es decir, tenemos mucha experiencia de compromisos y acuerdo alcanzados con el Estado español».

Ha dicho que la mesa de negociación es el instrumento que habrá que llenar de contenido por parte del Govern, que a su parecer es el más indicado para abordar «los grandes consensos de país» como el ejercicio del derecho a la autodeterminación, el fin de la represión y la amnistía para los líderes políticos encarcelados.

«Hemos tenido que trabajar rápido, con una cierta discreción y puede que no habiendo podido compartir al máximo como hubiéramos querido con los socios de Govern la letra pequeña, pero esto ahora ya se ha compartido», ha constatado.

Ha explicado que el pacto incluye que el resultado de cualquier de los acuerdos tiene que ser validado por la ciudadanía de Cataluña porque es «quien debe de tener la última palabra».

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