2019 arrancó con el propósito del Gobierno de Pedro de derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la conocida como ‘Ley Wert‘ aprobada en 2013 y cuestionada por gran parte de la comunidad educativa. También pactaba con Unidas Podemos unos presupuestos con 2.720 millones de euros para educación que incrementaba en más de 200 millones la partida para becas. Sin embargo, a mediados de febrero todo quedó en papel mojado.
El 15 de febrero, Sánchez convocaba elecciones generales para abril tras fracasar en la búsqueda de apoyos a esos presupuestos que aumentaban la inversión para educación. Aquel mismo día, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), preparada en «tiempo récord» por la ministra de Educación, Isabel Celaá, para derogar la LOMCE. El adelanto electoral aplazaba sin fecha la tramitación parlamentaria de esta nueva ley educativa, que continúa en el cajón esperando la formación de Gobierno.
Antes de convertirse en un prolongado ejecutivo en funciones, el Gobierno del PSOE tuvo tiempo de aprobar en febrero una ley que pretendía acabar con el incremento del horario lectivo impuesto en 2012 a los docentes de Primaria y Secundaria. Finalmente, el texto aprobado se limitaba a recomendar que los maestros de Primaria tuvieran un máximo de 23 horas lectivas semanales, 18 horas en el caso de los profesores de Secundaria. La decisión final quedaba en manos de las comunidades autónomas.
El comienzo del curso en septiembre evidenció que la mayoría de las comunidades mantenían horarios lectivos por encima de lo que recomendaba la ley. Incluso Ceuta y Melilla, los dos únicos territorios donde el Ministerio de Isabel Celaá conserva las competencias educativas.
La situación de interinidad del Gobierno, con unos presupuestos heredados del Partido Popular, ha lastrado la renovación del sistema de becas y ayudas al estudio. A pesar de la reactivación del Observatorio de Becas tras un paréntesis de siete años, Celaá tuvo que prorrogar para el curso 2019-2020 el modelo diseñado por el PP. El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, aseguraba en mayo a Europa Press que el Gobierno confiaba en tener listo un nuevo sistema de becas antes de que finalizara 2019.
En este contexto, el Informe PISA de la OCDE, el mayor examen internacional de competencias educativas, reveló en diciembre que los estudiantes españoles empeoran en matemáticas y ciencias, con resultados equiparables a países como Hungría o Lituania. Además, las pruebas realizadas en 2018 demostraron una gran brecha entre el norte y el sur de España. En matemáticas, casi 100 puntos, el equivalente a dos cursos, separan a Navarra de Ceuta.
Los resultados españoles de lectura, la tercera de las competencias que evaluaba PISA, no se publicaron tras detectar «anomalías» en «un porcentaje significativo» de las pruebas realizadas en 2018 en institutos de todo el país.
REVISIÓN PENDIENTE DE LA SELECTIVIDAD
En el ámbito universitario, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) estrenó en 2019 nuevo presidente, Juan Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba, que el día de su elección, el 16 de mayo, se mostró partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en todas las comunidades autónomas.
«Ahora se producen diferencias», dijo entonces Villamandos. Sus palabras fueron un augurio de lo que ocurriría semanas después en la selectividad, donde se produjeron quejas por la excesiva dificultad de las pruebas en algunos territorios y el dispar criterio de corrección en diferentes comunidades autónomas.
Las quejas tuvieron pronta respuesta desde el Gobierno, que aceptó la propuesta de la CRUE de crear un grupo técnico de trabajo para revisar las «incidencias» registradas en la selectividad, en palabras de la ministra Celaá. Como casi todo este año, el comienzo de las reuniones de ese grupo de trabajo ha incumplido los plazos previstos.
En verano, el presidente de CRUE apremiaba en una entrevista a Europa Press a empezar la revisión del modelo de selectividad en septiembre para que las conclusiones pudieran aplicarse a la convocatoria de 2020. El Gobierno acordó con los rectores sentarse a trabajar en noviembre, con independencia de la convocatoria de elecciones generales ese mes. La CRUE eligió entonces a las personas que representarían a las universidades en ese grupo de trabajo, pero todavía están esperando que les convoque el Gobierno.
No es la única cuestión que pone a prueba la paciencia del sector universitario, que reclama desde hace años una nueva ley para la educación superior, así como más financiación e incremento de plantilla tras años de recortes. En cambio, la parálisis institucional ha impedido la aplicación de la obligatoria cotización a la seguridad social de las prácticas universitarias que el Gobierno aprobó el 28 de diciembre del año pasado. La medida soliviantó a los rectores, que conocieron la iniciativa cuando ya había sido aprobada y exigieron el aplazamiento de su entrada en vigor, que sigue pendiente.
MULTA HISTÓRICA A LAS EDITORIALES
2019 deja una multa histórica al sector editorial de libros de texto. En mayo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) impuso una sanción de 33,8 millones de euros a 34 editoriales y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) por «crear un mecanismo para restringir políticas y condiciones comerciales». Todo a raíz de una denuncia realizada por la editorial Vicens Vives.
La sanción fue recurrida por ANELE, cuyo presidente, José Moyano, junto al director general de la Federación de Gremios de Editores de España, Antonio María Ávila, acusó en septiembre a todas las comunidades autónomas de presionar para cambiar contenidos de libros de texto. Según Ávila, mediante «mecanismos bastardos». Los libreros se desdijeron días después, cuando fueron convocados por la ministra Celaá.
La propia Isabel Celaá fue protagonista de otra de las polémicas del año en el ámbito. El pasado 14 de noviembre, cuatro días después de que el PSOE revalidara su victoria en las urnas y tras el anuncio de un acuerdo con Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición, la ministra negaba que la elección de centro educativo fuera un derecho constitucional. Lo hacía durante la inauguración del congreso de Escuelas Católicas, patronal de la educación concertada.
Ante 2.000 asistentes, entre ellos el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, Celaá afirmó que «de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza» que emana del artículo 27 de la Constitución. Declaraciones que provocaron un sonoro murmullo en el auditorio y una larga polvareda los días siguientes.
«Me parece que está un poquito fuera de lugar lo que ha dicho en su discurso», dijo el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira. El Partido Popular acusó a Celaá de «radicalización», y prometió defender la libertad de enseñanza en la calle y en los tribunales. La ministra intentó zanjar la polémica al asegurar que las familias de la concertada no tenían «nada que temer» con el PSOE, al que defendió como el «baluarte más claro de la defensa de la educación pública y concertada».
