Los grandes tenedores, como los bancos, deberán ofrecer un alquiler social obligatorio con una duración de hasta siete años para las familias que acrediten una situación de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler, se encuentren afectadas por procesos de desahucios o bien lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin título habilitante en el momento de la entrada en vigor del nuevo Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que ha aprobado este lunes el Govern en Consell Executiu.
En la rueda de prensa posterior, el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha puesto en valor que el objetivo del nuevo decreto es combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios del alquiler en viviendas privadas.
En el primero de estos objetivos, el de combatir las situaciones de emergencia residencial, también se enmarca la ampliación del contrato de alquiler social obligatorio, que pasa de tres a cinco y siete años, dependiendo de si la vivienda es propiedad de una persona física o jurídica.
El decreto también incorpora facilidades para construir alojamientos en equipamientos comunitarios para incrementar la oferta y atender a familias en riesgo de exclusión y resolver necesidades temporales de alojamiento. También se implementarán medidas para considerar como desocupados los edificios con obras inacabadas y poderlos movilizar para generar más vivienda asequible, incluyendo multas coercitivas y la posibilidad de expropiación.
El Grupo Promotor de la ILP Vivienda celebra una “victoria importantísima”
El anuncio ya ha sido celebrado por el Grupo Promotor de la ILP Vivienda – Ley 24/2015. “Estamos muy orgullosas y satisfechas de haber conseguido una nueva victoria importantísima en la protección del derecho a la vivienda. Empezaremos el 2020 con miles de catalanas más protegidas contra los desahucios”, ha señalado en un comunicado la asociación.
No obstante, “a pesar de todo el esfuerzo, hay medidas que no se han incluido o algunas en las que exigíamos ir más lejos, como son: proteger a las personas que al día siguiente de la entrada en vigor del decreto ley, y que, en el futuro, tengan que acceder a la vivienda de forma precaria ocupando porque no son realojadas por las administraciones, incumpliendo la propia ley; bajar la definición de gran tenedor a todo aquel que tenga en propiedad 10 viviendas; aumentar de 90.000 a 900.000 euros las sanciones por incumplimiento de la obligación de hacer ofertas de alquiler social por parte de los grandes tenedores; la renovación de los alquileres sociales hasta que salgamos de la situación de emergencia, y que la obligación de hacer alquiler social en desahucios por extinción de contrato sea permanente y no temporal”.
Aunque la Generalitat no ha aceptado todas las medidas del Grupo Promotor, “las seguiremos exigiendo, tanto en la tramitación del decreto ley como proyecto de ley ‒si esto sucede‒, como denunciando cada vez que, por omisión del Gobierno, queden personas desprotegidas y en la calle”.
