En este año 2019 que llega a su fin fallecerán 31.000 dependientes sin haber podido acceder a una prestación económica. Esto se traduce en 85 muertes al día de antes de recibir el servicio que requieren, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Más de la mitad de estos dependientes, el 54%, tienen una avanzada edad. En concreto, superan los 80 años. Todo, por unas listas de espera, que superan de media los 426 días.
Esta espera provoca, además, según se desprende del mencionado estudio, “gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares”. Especialmente a las mujeres, ya que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas.
Respecto al tiempo que esperan los dependientes, el plazo medio de tramitación de un expediente es de 426 días, pero en cuatro comunidades se superan los 18 meses. Por normativa, explica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días) y solo Ceuta (70 días); Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191) están por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios. Sin embargo, la situación es crítica en Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576).
Asimismo, este informe destaca que en 2019 el número de personas en espera de algún procedimiento se ha incrementado en más de un 10%, alcanzando actualmente la cifra de 423.000 expedientes en tramitación. Más de la mitad de ellas son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000). Se trata de la primera vez desde 2016 en que los dependientes con derecho reconocido en espera de atención han aumentado.
Para este colectivo los motivos de estos “impresentables retrasos” se deben a los “sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes), que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue”. Esto ha generado “enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones”.
“El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones” es otra de las causas detrás de esta espera, ya que, “lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios”. Según explica esta asociación, “la mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona)” y “muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones”.
