Hacienda niega que «intervenga» la Junta o que le pida un nuevo plan de «ajuste» respecto al dado en julio

Junta de Andalucía

Hacienda niega que «intervenga» la Junta o que le pida un nuevo plan de «ajuste» respecto al dado en julio

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

El Ministerio de Hacienda ha negado este lunes que exista una «intervención» por su parte de las cuentas públicas de la Junta de Andalucía, así como que le realice «una nueva petición de ajuste» al margen del Plan Económico-Financiero (PEF) que ya se le solicitó a la Administración autonómica el pasado mes de mayo y ésta entregó en julio, y ha sostenido que «es el incumplimiento de las reglas fiscales lo que impide que Andalucía pueda acudir a los mercados, y la sostenibilidad financiera del conjunto del Estado lo que motiva a hacerlo».

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del ministerio que dirige en funciones la andaluza María Jesús Montero después de que dicho departamento haya comunicado a la Junta que no podrá salir a los mercados a captar financiación en 2020 por haber incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018, bajo gobierno socialista, y reclama al Ejecutivo de PP y Ciudadanos (Cs) que preside Juanma Moreno que presente un «plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública y que sea consistente con su plan económico-financiero».

Por parte del Ministerio de Hacienda han agregado a Europa Press, al hilo de esta misiva, que, «desde la aprobación en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las comunidades autónomas que incumplen el objetivo de estabilidad, la regla de gasto o el objetivo de deuda pública deben presentar un Plan Económico-Financiero».

Además, «las comunidades que solicitan su adhesión a algunos de los mecanismos extraordinarios de liquidez aprobados en 2014 tienen la obligación de presentar un plan de ajuste», según abunda el Ministerio de Hacienda, que «entiende que las comunidades autónomas se tienen que ir financiando progresivamente en los mercados», pero «esta salida progresiva debe hacerse en condiciones de seguridad para la sostenibilidad financiera de España».

Para ello, «es necesario un ejercicio correcto de la tutela financiera de las comunidades autónomas», según defiende el Ministerio de Hacienda, que en esa línea niega que esto sea algo «discrecional».

Así, remarca que «para ello se fijó un procedimiento exhaustivo por Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (Cdgae) el 5 de julio de 2018, que es igual para todas las comunidades autónomas y que establece los criterios objetivos para poder salir a los mercados».

«Andalucía, hoy, no cumple las condiciones fijadas en ese acuerdo», según inciden desde el Ministerio, desde donde agregan que, «para acceder a los mercados, la comunidad autónoma debía estar adherida al compartimiento de facilidad financiera y cumplir los objetivos de déficit y deuda pública».

Según el Ministerio, «Andalucía cumplía esos requisitos gracias a que, en 2017, último año completo en el que María Jesús Montero estuvo al frente de la Consejería de Hacienda, la comunidad no rebasó el límite de déficit ni el de deuda pública».

Sin embargo, «el preceptivo informe publicado el pasado mes de noviembre sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto, reflejó que Andalucía incumplió los tres requisitos en 2018», según aclara el Ministerio, que subraya que «se hace lo que dice la norma, que es que hasta que no se cumplan los requisitos no se pueden autorizar nuevas emisiones de deuda», si bien puntualiza que «esto no afecta a las (emisiones) ya autorizadas».

Esto implica que Andalucía «sale del compartimiento de facilidad financiera y pasa al Fondo de Liquidez Autonómico», según indica el Ministerio, que sostiene que «así lo establece la normativa aprobada en 2014, que exige también que las comunidades incumplidoras presenten un Plan Económico-Financiero», de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

«NINGÚN TRATO ARBITRARIO HACIA ANDALUCÍA»

«No existe, por tanto, ningún trato arbitrario hacia Andalucía», según afirma el Ministerio, que defiende que «es el incumplimiento de las reglas fiscales lo que impide que Andalucía pueda acudir a los mercados, y la sostenibilidad financiera del conjunto del Estado lo que motiva a hacerlo», y «así se comunicó a la Junta de Andalucía el pasado 5 de diciembre, antes de la aprobación de los presupuestos autonómicos» de 2020.

En esta línea, el Ministerio sostiene que «no hay ninguna intervención», y «a todas las comunidades se le exigen los mismos requisitos y tienen que presentar los planes de ajuste si incumplen las reglas fiscales».

Por tanto, para el departamento de Montero, «es incorrecto decir que el ‘Ministerio de Hacienda ha intervenido las cuentas andaluzas'», y «el hecho de financiarse a través de los fondos de liquidez autonómicos o presentar planes de ajuste entra dentro de la normalidad de los últimos ejercicios y no implica una intervención de las cuentas públicas».

«Prácticamente todas las comunidades autónomas, en un momento u otro, han estado en esta situación», según apuntan desde el Ministerio, desde donde llaman también la atención acerca de que «fue la Junta de Andalucía quien solicitó formalmente el pasado 30 de julio adherirse a los mecanismos extraordinarios de liquidez», y, «en función del cumplimiento de las reglas fiscales, ello implica entrar en el compartimiento de facilidad financiera o del fondo de liquidez autonómico».

Desde el Ministerio subrayan también que «las condiciones financieras del compartimiento de facilidad financiera y del fondo de liquidez autonómico son los mismos», y «el tipo de interés para nuevos préstamos es del 0%». «Andalucía, por lo tanto, logrará un ahorro en intereses», según resalta Hacienda.

También apunta el Ministerio que «el endeudamiento a largo plazo de las comunidades autónomas siempre requiere la autorización del Estado cuando existe un incumplimiento de las reglas fiscales, con independencia de que las comunidades estén o no adheridas a los mecanismos extraordinarios de liquidez».

Además, aclaran a Europa Press que, por parte de la Secretaría de Estado de Hacienda se solicitó a la Junta el 17 de mayo su PEF 2019-2020, el cual «se entregó por Andalucía el 3 de julio, y se informó por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) el 7 de agosto», si bien dicho plan «está pendiente de cerrar definitivamente» por parte del Ministerio «porque se siguen haciendo correcciones y/o adaptación», de forma que «no hay ninguna nueva petición de ajuste».

SOBRE LA GESTIÓN DE MONTERO EN LA JUNTA

Por otro lado, desde el Ministerio han querido destacar que «el último dato de déficit imputable a María Jesús Montero como consejera de Hacienda (de la Junta) es el de 2017», año en el que Andalucía «cerró en el 0,34% del PIB, por debajo del objetivo del 0,6%», ya que la actual ministra «dejó sus responsabilidades en la Hacienda autonómica tras la moción de censura del 1 de junio de 2018».

Según aclara el Ministerio, «según los datos del Ministerio que en ese momento dirigía Cristobal Montoro», Andalucía «cerró mayo de 2018 con un déficit provisional del 0,37%, por debajo del objetivo fijado para ese año».

Para el Ministerio, «sería razonable imputar» el déficit andaluz de 2017 y el déficit hasta mayo de 2018 «a la gestión de Montero», pero «el resto parece que no sería razonable, a no ser que estemos ante una operación de desgaste que poco tenga que ver con las responsabilidades efectivas», según apostilla.

Finalmente, desde el Ministerio agregan que Andalucía «cerró el déficit de 2018 en el 0,41%», y «a lo largo de 2019 se declararon gastos sobrevenidos imputados a 2018, lo que hizo que el déficit definitivo de 2018 se fuera al 0,51% (813 millones), por encima del objetivo del 0,4%». Además, recuerda que, «según las estimaciones» de la Airef, «Andalucía incumplirá también en 2019 el objetivo de déficit público».

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