La Comunidad de Madrid ha encontrado casi 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda regional con la cláusula investigada por el juez Manuel García-Castellón en la pieza del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El magistrado de la Audiencia Nacional ya está investigando si las concesionarias de otros 16 acuerdos de ese departamento, y de 34 más de la Consejería de Sanidad, estaban obligadas contractualmente a dedicar un 1% del montante total a publicidad. Algo que posteriormente contrataban con empresas que hacían las campañas electorales de los populares.
Así lo desvela este miércoles El País tras una petición de información por la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reconocido la existencia de 196 contratos firmados entre 2009 y 2013 con la cláusula del 1% que se investiga en la Audiencia. Esos acuerdos fueron firmados por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, o por la extinta Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), por lo que no incluyen los rubricados por la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), también bajo investigación. No hay rastro de las facturas.
“Se informa de que consultados los datos obrantes en dicha consejería, no existe constancia de facturas presentadas y pagadas por los contratistas entre los años 2009 y 2013 que contuvieran la cláusula con el texto que se indica en el literal de la iniciativa, ni cualquier otra que obligara al contratista a realizar gastos similares a los contenidos en dicha cláusula”. Esta es la respuesta gubernamental a una petición de información de la diputada Sol Sánchez.
“La respuesta genera intranquilidad y confirma las sospechas: ¿cómo puede haber algo en un contrato y luego no aparecer facturado?”, es la pregunta que, según el diario de Prisa, se hace la representante en la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. Para Sol Sánchez “esto ha sido un agujero negro y hay que asegurarse de que no lo siga siendo”.
“Se nos ha dicho en la Asamblea que la cláusula del 1% no existe desde 2013, pero queremos que lo certifiquen porque es un modus operandi que se repitió durante mucho tiempo”, remarca la diputada autonómica, que destaca que “la Audiencia investiga dónde estaba yendo ese dinero, y nosotros queremos depurar las responsabilidades políticas”.
Todos los contratos se firmaron durante las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González, que han declarado como investigados ante el juez, negando cualquier implicación en la supuesta trama.
Por el momento, García Castellón ha reclamado a la Comunidad de Madrid información sobre los contratos de construcción y explotación de 34 hospitales y centros de salud públicos y de 16 proyectos de carreteras de la red regional.
