Las pruebas analíticas siguen privatizándose en la Comunidad de Madrid cacho a cacho. Así lo hizo el Hospital de Fuenlabrada, el Hospital de Alcorcón, así se está haciendo con el Laboratorio Central de los conocidos ‘hospitales de Aguirre’ y ahora el turno es para los centros públicos de tratamiento de adicciones.
A través de un contrato de 24 meses y 620.000 euros, la Consejería de Sanidad ha sacado a concurso el servicio de detección de drogas en orina para los 26 centros de tratamiento que hay a lo largo de la Comunidad de Madrid. Se ha estimado un número máximo de 250.000 determinaciones anuales. El número de muestras calculado es de 90.000.
Sin embargo, esta externalización llega después de que el Ejecutivo madrileño reconozca su propio fracaso. En los pliegos del contrato se recuerda que estas analíticas han sido “asumidas bien por la Atención Primaria o por la Dirección General de Hospitales” para realizar “un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, permitiendo una economía de esfuerzos”.
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Pese a ello, la Comunidad de Madrid justifica esta privatización alegando que “todas las gestiones con el SERMAS han resultado infructuosas”. “El Servicio Madrileño de Salud en el momento actual no puede prestar con medios propios este servicio y debe recurrir a su contratación pública”, se asevera.
Una argumentación que para la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), en palabras a EL BOLETÍN, no es más que una intentona más del PP en privatizar: “Es la continuación de un proceso premeditado para reducir cada vez más la capacidad de actuación de los centros sanitarios públicos y quedar subyugados a estos contratos”.
Un contrato urgente y… a subasta
Y ahora se ha optado por ir a concurso público y con un importante matiz: ganará el contrato la empresa que tire más los precios. El criterio económico, al igual que sucede en muchos otros servicios esenciales, se come el 75% de la puntuación cuando las empresas se presentan para ganar.
Además, la Consejería de Sanidad ha decidido lanzar el concurso por medio de una “tramitación urgente” ya que el 31 de diciembre de 2019 “finalizan los contratos que en la actualidad abarcan el conjunto de acciones y suministros implicados en la detección de drogas en orina a los pacientes adictos”.
Mientras, el servicio lo marcan como “imprescindible” al ser una “población aquejada de una elevada compulsión y una importante cronicidad”: “Necesitan un tratamiento integral y, por lo tanto, su interrupción podría tener consecuencias negativas para los pacientes”.
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Unas analíticas que se han convertido en “una importante herramienta” para ver la evolución de los usuarios. En este sentido, la Comunidad de Madrid señala que permiten comprobar, “de manera objetiva”, el impacto del tratamiento y así “modificar o mantener la pauta del mismo”. Ahora, una empresa privada será la encargada de esta importante labor.
Un contrato para 2020 y 2021 y por el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto sobre la mesa 1,24 euros por cada determinación. Y son 250.000 al año. El concurso de 620.000 euros está valorado en 1,47 millones si se aprueban dos prórrogas: una de dos años y una garantía de continuidad en la prestación de nueve meses.
