EEUU se aproxima a un año electoral y bajo los debates más mediáticos, como el ‘impeachment’ a Trump o la guerra comercial, poco a poco va surgiendo uno sobre el creciente poder de los gigantes tecnológicos, también denominados Big Tech. Empresas como Google, Apple, Facebook y Amazon tienen una posición cada vez más dominante y algunos expertos empiezan a decir en voz alta que estas empresas quizás deberían ser troceadas.
“Es probable que el debate tecnológico se haga cargo de la agenda política en los próximos meses”, señala Daniel Tenengauzer, jefe de Estrategia de Mercados de BNY Mellon, que recuerda que “desde principios de 2016, las empresas de tecnología han subido un 300% en bolsa frente al 70% para el S&P”.
Tenengauze considera que los gigantes de Internet se han vuelto importantes por varias razones para el debate político. En primer lugar, “la publicidad online puede haber tenido un impacto en los resultados de elecciones anteriores”, por lo que “las demandas de una mayor supervisión de estas importantes fuentes de ingresos serán cada vez más importantes en las elecciones”.
En segundo lugar, “este rendimiento superior al de los mercados bursátiles se debe en gran medida al exceso de beneficios atribuidos a un número cada vez más concentrado de empresas”. El analista de BNY Mellon considera por tanto que “la desintegración de estas empresas podría ser inevitable”. “El troceo puede tener lugar horizontal o verticalmente. La desintegración horizontal implicaría múltiples nuevos motores de búsqueda o interfaces de medios sociales”. Por el contrario, “una separación vertical significaría, por ejemplo, que los motores de búsqueda están separados de los servicios de cartografía”.
“De cualquier manera, es probable que estos cambios regulatorios tengan consecuencias significativas para los mercados de valores”, concluye Tenengauze.
Lo cierto es que el tamaño creciente y cada vez mayores áreas de influencia de empresas como Apple, Google, Amazon o Facebook llevan preocupando a economistas y expertos desde hace ya un tiempo. Una de las voces más autorizadas sobre el asunto, Carl Shapiro, publicaba hace unos meses un estudio (‘Protegiendo la Competencia en la Economía Americana: Control de fusiones, Titantes Tecnológicos, Mercados de trabajo’) en el que analizaba esta problemática.
Shapiro, actualmente profesor de la Universidad de Berkeley, fue economista jefe de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EEUU, aunque es principalmente conocido por haber sido asesor económico en el juicio antimonopolio contra Microsoft, defendiendo la necesidad de que los productos de dicha compañía fuesen compatibles con todos los sistemas operativos.
El economista explica en este estudio que “as leyes antimonopolio estadounidenses datan de una época en la que los cambios en el transporte, las comunicaciones y las tecnologías de fabricación generaban economías de escala sin precedentes, alimentando el auge de los gigantes industriales. Hoy en día, sin embargo, “los avances espectaculares en la tecnología de la información, combinados con la globalización, están impulsando el crecimiento de grandes y eficientes ‘empresas superestrellas’ que están captando una parte cada vez mayor de la actividad económica”.
“La aparición de los titanes de la tecnología es especialmente dramática”, escribe Shapiro, que pide “una revitalización de la aplicación de la legislación antimonopolio en EEUU para promover la competencia, proteger a los consumidores y a los trabajadores, y estimular el crecimiento económico”.
A su juicio, estos objetivos “pueden lograrse adoptando una postura más firme con respecto a las fusiones en las que participen líderes del mercado e impidiendo que las empresas dominantes adopten conductas que excluyan a sus rivales”. Sin embargo, avanzar en esa dirección es un proceso lento, que requiere que los organismos de defensa de la competencia tomen la iniciativa y convenzan a los tribunales “posiblemente escépticos” para que los sigan.
Eso sí, “una aplicación más estricta de la legislación antimonopolio, si bien es necesaria, no es un sustituto de las regulaciones que tanto se necesitan para reducir la influencia política de las empresas, proteger la privacidad y la seguridad de los datos, y limitar la propagación de la desinformación”.
