Las renovables descartan que el decreto del Gobierno provoque un aumento en el recibo de la luz

Energías renovables

Las renovables descartan que el decreto del Gobierno provoque un aumento en el recibo de la luz

El Real Decreto del Gobierno en funciones garantiza la rentabilidad de las renovables hasta 2032.

Bombilla

El Consejo de Ministros del pasado viernes 22 de noviembre de 2019 aprobó el Real Decreto Ley 17/2019 por el que se regula un nuevo sistema de retribución a las instalaciones de energía renovable para los próximos 12 años. Un decreto que en la práctica garantiza la rentabilidad de las energías renovables hasta 2031.

El primer cambio contemplado en la ley fija la retribución a las plantas de generación de energía renovable para los próximos dos periodos de 6 años en el 7,09% para plantas instaladas a partir de 2013, entrando la tasa en vigor el próximo 1 de enero de 2020 y manteniéndose en el 7,39% para las del periodo anterior.

La medida del gobierno es una respuesta a la situación de emergencia climática, y va en camino de la anhelada transición para lograr que el sistema energético español sea neutro en emisiones. El Ministerio de Transición Ecológica ha insistido en repetidas ocasiones que se requiere de actuaciones urgentes para alcanzar los objetivos planteados en el Marco Estratégico de Energía y Clima.

La medida ha generado debate en redes sociales donde ha habido muchas personas que han interpretado el Real Decreto Ley como una manera encubierta de incrementar aún más la factura de la luz. Sin embargo, expertos en la materia aseguran a EL BOLETÍN que nada más lejos de la realidad.

¿Va a subir el precio de la factura?

Desde la Fundación Renovables aseguran a este periódico que la medida no implica una subida en el precio de la electricidad. El RDL abre la posibilidad a dar una seguridad jurídica con 12 años vista que atraiga un aumento de inversiones en plantas de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

«El hecho de que baje la luz no es por el RDL, si no porque el precio de producción de energía renovable es mucho más barato que con combustibles fósiles, entonces si aumentan las inversiones, aumentarán las plantas fotovoltaicas y parques eólicos que tienen un precio menor por unidad de producción eléctrica», apuntan,

Una de las razones que esgrimen es la estabilidad y seguridad jurídica. A juicio de esta fundación, la medida del Gobierno en funciones supone “un gran paso para garantizar y otorgar estabilidad y seguridad jurídica a los propietarios de instalaciones de generación renovable”.

Además de aplaudir la medida en relación con el compromiso medioambiental que exige la Unión Europea (economía descarbonizada y reducir las emisiones CO2), estos expertos en la materia creen que construye una base para la confianza de los futuros inversores.

Cuando se proceda al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear, el decreto podrá regular procedimientos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red afectados por dichos cierres a las nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables.

¿Por qué es urgente el decreto?

En estos momentos, el Gobierno de España tiene abiertos decenas de procesos judiciales con empresas renovables por el recorte en la rentabilidad fijada de este sector durante los años de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo.

Según apuntan desde la Fundación Renovables, estos litigios en cortes internacionales podrían saldarse con miles de millones de euros de multa para España, como así han sentenciado la mayoría de los juicios ya producidos.

La medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez tiene el objetivo de liberar al Estado de tal circunstancia. Por eso quiere fijar esta rentabilidad a todas aquellas empresas que renuncien a mantener abiertos los procesos arbitrales o judiciales en curso, o que renuncien al derecho a percibir una indemnización como consecuencia de una sentencia firme.

Para ‘convencer’ a las empresas implicadas, el Estado ha recalcado que va a recurrir todas las sentencias habidas con el objetivo de retrasar la sentencia final. En ese sentido, las compañías que estén afectadas tienen que elegir si aceptan la rentabilidad fijada actualmente (7,39%) – muy similar a la anterior – o tratan de recuperar sin fecha parte del dinero recortado (sin acogerse a la rentabilidad aprobada).

“Esto supone una salida tardía tras la tan inexplicable como incoherente política energética realizada a partir de 2010, suponiendo un mínimo bálsamo ante la inseguridad e inviabilidad originadas por el RDL 14/2010 primero y, sobre todo, por el RDL 9/2013 y sus normas de desarrollo, después”, describe la fundación renovables.

En cualquier caso, esta organización cree que todavía faltan normas importantes, como el calendario de nuevas subastas de renovables, el Estatuto del Consumidor Electro intensivo y los concursos para adjudicar la conexión de red de las centrales eléctricas que se cierren a proyectos de renovables.

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