“La gente está muy preocupada por la subasta. Llevamos 10 años de trabajo y se ha convertido esto en un mercadillo”. Estas palabras pronunciadas por trabajadores del Laboratorio Central de Análisis Clínicos en Madrid no frenan la preocupante privatización que se está cocinando. De hecho, hasta el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es consciente de ello.
Así lo ha reconocido la propia Consejería de Sanidad al hablar de una oferta económica que “incurre en valores anormales o desproporcionados”. Según lo denunciado, la unión de temporal de empresas (UTE) formada por Analiza, Hospital Moncloa y Unidad de Reproducción Asistida está tirando los precios por debajo de lo que marca la ley.
Ante esta oferta temeraria para encargarse del servicio, la Consejería de Sanidad ha decidido tomar cartas en el asunto pidiendo una garantía complementaria de un 5% del precio final ofertado. Es decir, reclamar más dinero a la UTE como respuesta a esta presunción de anormalidad.
“Se ve que no están muy convencidos”, resumen fuentes de la plantilla a EL BOLETÍN. Unos trabajadores que, por el momento, tampoco se han quedado con los brazos cruzados y que han llevado la privatización a los tribunales. “A lo mejor cuando la empresa vea que no le da el dinero, porque no da, pues esto se ha acabado”, alertan.
La plantilla de los análisis clínicos lleva la privatización de Garrido ante los tribunales
En concreto, la UTE Analiza Sociedad de Diagnóstico tendrá que poner una garantía complementaria de 3,6 millones de euros. Una cifra a la que hay que sumar los otros 3,6 millones de euros que ya ha puesto como ‘precaución’ inicial. En total, más de siete millones como consecuencia de esta desconfianza.
Es más, este 5% extra que reclama la Comunidad de Madrid llega después de que la Unidad de Contabilidad y Análisis de Costes diese luz verde a la baja temeraria. Este organismo, a través de un informe, ya concluyó “que no hay datos objetivos que impliquen un riesgo para la realización y calidad de la actividad objeto de la licitación”.
A pesar de ello, la garantía adicional llega al ver que la UTE Analiza Sociedad de Diagnóstico ha excedido su oferta en más de un 10% de la media de las bajas. Esta media se situó en el 0,58 y los ganadores del concurso fueron los únicos que se pasaron con creces.
Mientras Eurofins Megalab tiró su oferta en 16 céntimos para el precio per cápita (fijado en los 15,88 euros) y United Laboratories hizo lo mismo pero en 43 céntimos, la UTE Analiza Sociedad de Diagnóstico presentó una propuesta que bajaba el precio per cápita en 0,99 céntimos. La línea roja no podía sobrepasar los 0,58 céntimos.
De esta manera, la UTE prácticamente dobló el mínimo permitido para no incurrir en baja temeraria. Algo que para CCOO significa quitar un millón de euros por lo que “puede repercutir negativamente en el servicio prestado”.
“Hay que tener en cuenta que la población a la que tiene que dar servicio ha aumentado en los últimos seis años en más de un 6%. Si la Consejería de Sanidad considera suficiente el montante económico de la oferta actual para su adjudicación, resulta chocante que diez años después de la primera privatización se pueda adjudicar el mismo servicio y para más personas, por un millón de euros menos”, sentencian desde la organización sindical.
Por su parte, UGT habla de una “oferta temeraria” que, “sin duda, afectará a la calidad del servicio y a la salud de los madrileños”. Incluso reprochan que la Unidad de Contabilidad y Análisis de Costes de la Comunidad de Madrid diese su visto bueno “cuando en la actualizad ya son escasos los recursos”.
Ahora la sanidad madrileña contará con una empresa privada que se encargará de los análisis clínicos de los hospitales Infanta Leonor, Henares, Sureste, Infanta Cristina, del Sureste y del Tajo y por menos dinero fijado. Seis ‘nuevos hospitales’ que tienen actualmente asignadas a 1.235.876 personas frente a las 1.068.674 personas del contrato de hace una década.
