La lucha contra la industria farmacéutica se extiende por varios campos. Uno de ellos es el Congreso de los Diputados donde la ILP ‘Medicamentos a precio justo’ va cogiendo fuerza. Pero va más allá y llega hasta los tribunales. En este caso, los protagonistas son tres: la farmacéutica Novartis, el Gobierno y la campaña No es Sano.
La compañía farmacéutica ha decidido llevar a la Justicia la petición de No es Sano, campaña compuesta por varios asociaciones a favor del acceso universal a los medicamentos, para conocer por qué el Ejecutivo de Pedro Sánchez paga 320.000 euros para financiar un novedoso procedimiento terapéutica.
En concreto, se trata de Kymriah, una terapia enmarcada dentro de las denominadas inmunoterapias celulares que aprovechan la capacidad de las células del sistema inmunitario para reconocer y atacar el tumor. A finales de 2018, el Gobierno dio su visto bueno, convirtiéndola en la primera práctica para tratar la leucemia linfoblástica aguda.
A raíz de esta autorización, No es Sano pidió al Ministerio de Sanidad conocer tanto el precio como los criterios terapéuticos y económicos que justificaban la aprobación. A través de una petición en el Portal de Transparencia, el Ejecutivo socialista informó de que el precio de financiación del tratamiento se elevaría hasta los 320.000 euros.
“El precio de los medicamentos llegará hasta donde quieran, el problema es quién los podrá pagar”
Respecto a los criterios, según denuncian desde la campaña, Sanidad “ofreció una información genérica e incompleta que no respondía a nuestra solicitud”. Por el momento, Novartis no entraba en escena. Pero ante esta “incompleta” respuesta del Gobierno, No es Sano decidió acudir al Consejo General de la Transparencia.
Y este organismo, tal y como describen los protagonistas, falló a favor del acceso a esta información. A partir de ahí, la compañía farmacéutica irrumpió “para paralizar el proceso e intentar evitar por vía judicial” que No es Sano tenga una contestación a la altura de su petición.
“La empresa ha interpuesta un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo de Transparencia”, resumen desde No es Sano.
En este sentido, Vanessa López, directora de Salud por Derecho, que representa los intereses de No es Sano, alerta de que “Novartis intenta hacer prevalecer sus supuestos intereses comerciales por encima de los de la ciudadanía”.
Por su parte, la directora de comunicación y relaciones institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu, también presente en la defensa de la petición de No es Sano, asegura que “es fundamental conocer en base a qué datos el Ministerio establece el precio de financiación de las nuevas terapias innovadoras”.
Es más, Izverniceanu habla de que “se conocen estimaciones de que su coste de desarrollo es significativamente inferior”. “Estos medicamentos se financian vía impuestos y cada euro de más que pagamos a los laboratorios farmacéuticos es un euro de menos que deja de invertirse en otras necesidades del sistema nacional de salud. Y Kymriah es solo el primero de una amplia lista de agentes similares que están por llegar”, concluye.
Siguiendo con esta línea, el catedrático Luis Montiel, en una entrevista a EL BOLETÍN, señaló el riesgo de colapso del sistema sanitario ante la escalada de precios de los fármacos. Algo que explicó recordando que se está ante un negocio donde la dicotomía es “la bolsa o la vida” y por el que “la gente pagara lo que tenga que pagar si se le dice que se van a ofrecer unas cosas que van a mejorar tu salud”.
