Azucena Ruiz no es un cargo público, ni un nombre muy conocido en los medios. Es el nombre de la hija de una usuaria de la residencia pública Las Vegas de Ciempozuelos. Ella simplemente denunció el maltrato que recibía su madre en este centro de mayores privatizado. Poco después, la Comunidad de Madrid ha vuelto a adjudicar la gestión a la misma compañía.
La UTE Albertia y Fundación Ramón Rey Ardid se ha hecho con el contrato de esta residencia para los próximos tres años. Lo hará por 5,3 millones de euros: un presupuesto mayor al concurso de 2013 pero por el que la compañía ha tenido que tirar más los precios para adelantarse a sus rivales.
En concreto, la Consejería de Políticas Sociales inició el proceso con un presupuesto base de licitación de 6,04 millones cuando años atrás era de 5,48. Ahora la unión temporal de empresas se ha comprometido a dar el servicio por un 11,4% menos del dinero que puso sobre la mesa el Gobierno regional.
Las quejas políticas y de los familiares han sobrevolado en los últimos años pero no han cambiado el proceso. Incluso Podemos ya exigió directamente “rescindir los contratos con la empresa Albertia” porque, a su entender, dio “sobradas muestras de que no es competente para gestionar el cuidado de nuestras personas mayores”. Y no solo en Ciempozuelos.
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Esto mismo no lo compartió la Comunidad de Madrid, que defendió la gestión de la compañía recordando que superó las dos inspecciones que se hicieron. A pesar de ello, los escritos de familiares estuvieron ahí. De hecho, aunque la empresa negase las acusaciones, acabó cesando a la dirección de Las Vegas.
El relato de Azucena Ruiz giraba en torno a unos informes médicos que reconocían la deshidratación y desnutrición, tal y como pudo conocer la Cadena SER. “La doctora nos dijo que fuéramos a la Guardia Civil porque no le estaban dando ni agua”, narró esta hija de la usuaria a La Sexta.
Los familiares marcaron un importante matiz: la culpa no es del trabajo de los trabajadores, sino de las condiciones en las que se desarrollaba por la falta de personal. Este caso no fue el único, tal y como señaló la citada cadena televisiva: mujer advirtió de que a su padre lo tienen postrado en una silla de ruedas; y otros usuarios reprocharon la falta de información ante moratones en una anciana.
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Desde el primer momento, Albertia desmintió las denuncias y amenazó “con ejercer las acciones legales que sean oportunas hacia quien manifieste este tipo de afirmaciones”. Poco después se renovó a la cúpula de la residencia de Ciempozuelos.
Ante el nuevo contrato, las críticas dirigidas a la Consejería de Políticas Sociales también salieron a la luz. Lo hizo el PSOE destacando que el pliego no arreglaría las carencias manteniendo las exigencias de personal.
