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El Consejo de Estado urge al Gobierno a pagar a los bancos la deuda por el cierre del Castor

Proyecto Castor
Proyecto Castor

La banca financió la indemnización estatal por el cierre del Castor y se quedó sin cobrar por decisión del Tribunal Constitucional.

lunes 30 de septiembre de 2019, 11:38h

El Consejo de Estado insta al Gobierno a resolver “con premura” las reclamaciones de Caixabank, Bankia, y Banco Santander para recuperar los 1.350 millones que le adelantaron en el año 2014 para pagar la compensación por el cierre del almacén submarino de gas Castor y que se quedaron sin cobrar por una sentencia del Tribunal Constitucional, según informan hoy lainformación.com y vozpopuli.com.

Estos digitales informan de novedades en la polémica que rodea la clausura del almacén de gas Castor hace ya siete años, y señalan que el Consejo de Estado ha aprobado por mayoría cinco dictámenes sobre el caso en los que insta al Gobierno a resolver “con premura” las reclamaciones de Caixabank, Bankia, Banco Santander para recuperar los 1.350 millones que adelantaron en el año 2014 como compensación a la empresa promotora del proyecto, Escal UGS -participada por ACS-, tras la clausura de la instalación en 2013. Santander se juega en el caso 700 millones; Caixabank 450 y Bankia 200.

El Consejo apoya la decisión que tomó la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de reclamar las cantidades ya liquidadas a la banca y a Enagás después de que el Constitucional tumbara hace dos años el decreto de indemnización a Escal-ACS. Pero el organismo aclara que más allá de “la pertinencia de declarar la nulidad de las liquidaciones”, tanto a la banca acreedora como a Enagás (la empresa que se hizo cargo del mantenimiento de la instalación), les corresponde “percibir las cantidades” de la indemnización que adelantaron.

Sobre plazos, y según lainformación.com,los dictámenes precisan que, en la fecha de su aprobación -finales de junio-, no se había agotado la caducidad del expediente sometido a consulta. Pero señala también que el Gobierno sólo tenía margen para actuar hasta el 10 de julio. La fecha ha pasado, aunque el Consejo asegura que la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 39, permite conservar las actuaciones.

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