El pasado mes de mayo EEUU consiguió un nuevo récord. No tuvo que ver con el deporte ni con el espectáculo, sino con la salud. La Agencia del Medicamento dio luz verde a Novartis para comercializar el medicamento más caro hasta la fecha: 2,1 millones de dólares, más de 1,8 millones de euros. Y en España se mira con temor ese camino del gigante norteamericano.
“Hay que parar los pies a la industria farmacéutica. Es un bucle muy peligroso”, advierte Damián Caballero, portavoz de la Comisión Promotora de la ILP ‘Medicamentos a un precio justo’, a EL BOLETÍN. Y es precisamente esa iniciativa legislativa popular la que busca ser un verdadero muro de contención ante el gasto farmacéutico disparado.
Por el momento, la Mesa del Congreso ha aceptado a trámite esta semana, prácticamente sobre la bocina, la ILP que impulsan 17 organizaciones. Entre las promotoras se encuentran desde la ADSPM, la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), el Consejo de Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Fundación Civio o la PLAFHC.
El ‘timing’ ha sido determinante. “Hemos aprovechado la mayoría del PSOE y de Unidas Podemos en la Mesa del Congreso, que apoyaron evidentemente la iniciativa”, confiesa Caballero ante la incertidumbre de la repetición electoral. Ahora las organizaciones tienen nueve meses para recoger 500.000 firmas y seguir superando trámites parlamentarios.
1.800
Los impulsores calculan un ahorro de hasta 1.800 millones de euros si el Gobierno sigue las indicaciones de la ILP para regular los precios de los medicamentos.
El portavoz de la ILP define a la ley como toda una “herramienta para que el Gobierno tenga una manera para fijar los precios de los medicamentos”. Es decir, así no estar a expensas de que la industria farmacéutica lleve la voz cantante.
Caballero insiste en que lo que se persigue es que “el valor” de un fármaco no lleve a fijar el precio. Para ello, la ILP obligaría a que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos utilice como “criterio principal” el precio industrial más los costes de fabricación y de investigación, “debidamente acreditados”.
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El resto de coste que las empresas aleguen, así como el margen de beneficios se equipararía “a la media del sector industrial”. Hasta que llegue ese día, el temor al alto coste de los medicamentos en EEUU sobrevuela y sirve de estímulo para lanzar la ILP: “La iniciativa nos afecta a todos para hacer sostenible al SNS y un motivo de quiebra es el gasto farmacéutico, sino llevamos el camino de EEUU”.
La plataforma estima que con la aprobación y el desarrollo de la ley se podría conseguir un ahorro de “1.500 a 1.800 millones de euros”. Dinero que serviría para crear un fondo para financiar la investigación y la formación de los profesionales sanitarios de forma independiente, mejorar el acceso a la innovación y evitar los potenciales conflictos de intereses que ocasionan las transferencias privadas de los laboratorios.
“Con estos precios de la industria farmacéutica, podemos tocar fondo y acabaríamos como en EEUU. La industria ha encontrado un nicho de negocio. Cada vez hay menos recursos y siempre están los mismos en la sombra”, concluye Caballero.
