En este sentido, el consejero de Justicia, Enrique López, ha informado que hay que esperar a la Justicia para poder moverse. Si el Supremo da la razón a la Comunidad de Madrid, las constructoras tendrán que sufragar los gastos de las obras; si falla a favor de las empresas, se tendrá que sacar a concurso un nuevo proyecto.
En todo caso, el dirigente madrileño ha aseverado que están “firmemente comprometidos” para “acabar con la dispersión de las sedes judiciales”. Algo para lo que han puesto como “prioridad” acabar la Ciudad de la Justicia.
“Es necesario para que la Justicia en Madrid siga caminando y facilitándole la vida no solo a sus trabajadores sino a todos los ciudadanos. Creemos que es bueno agilizar los trámites”, ha concluido, en declaraciones de Europa Press.
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