Nadie parece querer hacerse cargo del servicio de intérpretes de lengua de signos en la educación pública madrileña. O al menos así lo evidencian tanto las empresas del sector como la Comunidad de Madrid. Por su parte, los profesionales avanzan en su camino hacia la huelga indefinida tras reclamar –sin éxito- el fin de la externalización.
La Consejería de Educación lleva más de un año a vueltas con un contrato que no termina de formalizar. A finales de septiembre de 2018 se publicó extender la privatización durante 24 meses. Sin embargo, solo una empresa se presentó: CILSEM, la misma de las últimas fechas y que estaba protagonizando los impagos.
Nuevo contrato, mismo fracaso
Al recibir la oferta, la Mesa de Contratación detectó “defectos de documentación”. La historia no tuvo más recorrido: CILSEM “no atendió de manera correcta al requerimiento” y la Comunidad de Madrid tumbó su candidatura. Al no haber ninguna otra compañía que se presentase, el contrato quedó desierto.
Huelga indefinida de los intérpretes de lengua y los asesores sordos en Madrid
La Consejería de Educación se ponía manos a la obra para atraer a más empresas y puso sobre la mesa más dinero. Mientras, la citada empresa seguiría haciéndose cargo del servicio a través de una especie de prórroga. Los impagos de nóminas, que no eran una excepción, se dispararon hasta una situación crítica.
Ahora la nueva licitación tras quedar desierta contaría con un presupuesto base de 2,75 millones de euros para 29 meses frente a los 1,62 millones para 24 meses del anterior concurso. Pero este incremento no ha frenado los problemas y con novedades que han indignado a los trabajadores.
La adjudicación de asesores sordos que colaban por el camino
Durante este entuerto en el concurso de intérpretes en las aulas, Educación sí lograba adjudicar a CILSEM –ya con impagos- el correspondiente contrato de asesores sordos. “No damos crédito a que la Comunidad de Madrid no pueda hacerse cargo de este servicio”, apuntaban desde el comité de empresa.
La Comunidad de Madrid vuelve a externalizar el servicio de asesores de sordos a una empresa con impagos
“En toda la Comunidad hay un total de 10 asesores, no es una plantilla enorme que perjudique a los presupuestos. El hecho de que CISLEM sea la adjudicataria demuestra el poco interés por parte de la Administración de velar por los derechos de los trabajadores de este ámbito”, completaban desde el comité de empresa a esa última adjudicación.
Pero desenredar la externalización del servicio de intérpretes en la educación no había hecho más que empezar. El nuevo contrato no terminaba de convencer al comité de empresa, tal y como manifestaron a EL BOLETÍN: “Insisten que el presupuesto ha sido aumentado, pero también les decimos que el nuevo convenio colectivo prevé un incremento de nuestras nóminas que el presupuesto no va a poder cubrir”.
Cuatro empresas y tres ‘noes’
Cuatro empresas –que han acabado siendo protagonistas una por una- se presentaron al conocer el nuevo contrato (CILSEM una de ellas). Domicilia Grupo Norte estuvo en cabeza, pero quedó rápidamente excluida al “concluir que con el precio hora ofertado no podrían realizar el servicio de manera viable”.
Acto seguido, en la reunión del 23 de mayo, la Consejería de Educación decidió adjudicar el servicio de intérpretes en las aulas a Aires Creativos S.L, segunda mejor valorada. Al mes, el 24 de junio, esta compañía protagonizaba la espantada comunicando su renuncia “por casusas no imputables a la Administración”.
El concurso siguió corriendo de manos y ya el 3 de julio se notificaba a Eulen Servicios Sociosanitarios S.A que estaba de enhorabuena por ser la siguiente oferta “más ventajosa económicamente”. Al conocerse que el contrato tenía nuevo ganador, los rumores en la plantilla de que Eulen tampoco se haría cargo se dispararon.
Desde la compañía, en palabras a EL BOLETÍN, directamente han remitido a una Consejería de Educación que ha guardo completo silencio durante semanas y que no ha hecho valoraciones a este medio sobre la huelga indefinida que se está perfilando.
Finalmente, tal y como ha publicado la Comunidad de Madrid, las sospechas se han confirmado: Eulen Servicios Sociosanitarios ha renunciado también al servicio.
Todo en manos de la empresa con impagos
Así se llega hasta este 8 de agosto cuando la Consejería de Educación recibió el escrito por el que Eulen “comunicaba su renuncia a la formalización del contrato por causas no imputables a la Administración”. Por lo tanto, tan solo queda una empresa en concurso: CILSEM, la última en puntuación.
No hay más competidores, CILSEM es la última oportunidad que tiene la Comunidad de Madrid… pero no tan rápido. Las dudas administrativas existen después de que la Mesa de Contratación haya detectado que “no acredita que su volumen anual de negocios, en alguno de los ejercicios de 2015, 2016 o 2017 sea de importe igual o superior a 1.098.972 euros, tal y como se exige”.
El bucle de los intérpretes de lenguas de signos en Madrid: otros varios meses sin cobrar
Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid ha advertido de que CILSEM no ha acreditado que el importe anual acumulado de los trabajos efectuados en el año de mayor ejecución del periodo de los tres últimos años (2016, 2017 y 2018), “sea igual o superior a una anualidad del presente contrato (IVA Excluido), esto es a 1.098.972,00 euros, por lo que deberá ser completada con los certificados de ejecución correspondientes para alcanzar dicha cuantía”.
Por lo tanto, se ha decidido “requerir a la empresa la documentación necesaria para que quede completamente acreditada su solvencia económica y técnica y profesional”. Si CILSEM no supera estos puntos, el concurso corre el riesgo de volver a quedar desierto.
Un futuro de deudas y de huelgas
Fuentes del comité de empresa valoran que esta retirada masiva tiene como principal culpable que el contrato “no produce beneficio suficiente”. “Advertimos que con el presupuesto era imposible que una empresa obtuviera beneficios tras el segundo curso”, ya alertaron desde la plantilla hace meses con la primera renuncia.
Otros motivos que se encuentran son que la obligación de subrogar a todo el personal, las obligaciones del convenio y una plantilla concienciada de su situación “no es del gusto de las empresas”.
“Las empresas prefieren no subrogar al personal que lleva muchos años trabajando en este servicio y contratar personal nuevo que le saldría más barato. El convenio colectivo recoge la obligación de subrogación y cuando las empresas se enteran de esto se echan para atrás”, trasladan desde el comité a este digital.
Mientras, para que no se paralice el servicio (empieza ya el curso) CILSEM sigue arrastrando el contrato que ganó hace años. Si esta última empresa se echa también atrás, la Administración podría utilizar la figura de encomienda de servicio para continuar con él.
Un futuro que no parece el más adecuado y por el que se ha decidido organizar una huelga indefinida. “La encomienda de servicio, por procedimientos internos de la administración pública, es más lenta a la hora de efectuar los pagos… lo que agravaría nuestra situación”.
