Las víctimas del amianto vieron frustradas –por culpa del adelanto electoral- sus esperanzas de que el Congreso aprobará por fin la creación de un fondo estatal que cubra las indemnizaciones a las personas que han muerto o han enfermado por su exposición a este material de construcción cancerígeno. La convocatoria de elecciones y el hecho de tener un Gobierno en funciones impidió que la creación de este fondo de compensación viera finalmente la luz, a pesar de que se había llegado a un consenso en el Congreso de los Diputados y de que la previsión era poner en marcha el fondo para el verano. Sin embargo, las víctimas no pueden seguir esperando eternamente estas indemnizaciones, por lo que sindicatos y asociaciones presionan para que dicho proyecto de ley no caiga en el olvido y acabe en un cajón.
En esta ocasión es UGT quien recuerda que “la creación de este fondo es una reivindicación histórica tanto de los sindicatos como de las asociaciones de víctimas, para reparar, de algún modo, la injusticia que sufren las víctimas del amianto y sus familiares” y recalca que dicho fondo “ayudará a que las víctimas del amianto y sus familias no tengan que luchar en los juzgados para reclamar sus derechos, con el elevado coste económico y personal que esto implica y el riesgo de obtener sentencias con resultados dispares”. Además, aseguraría el cobro de indemnizaciones a trabajadores de empresas que hayan quebrado o desaparecido.
“Con un fondo de estas características, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país dispondrían de prestaciones reparadoras similares a las que ya existen en países como Francia, Holanda o Bélgica” señala la organización sindical, al tiempo que explica que dichos fondos surgieron “como respuesta a la deuda que tienen los Estados por no haber actuado, durante tanto tiempo, bajo el principio de cautela en relación con el uso y contacto con el amianto”.
Por ello, el sindicato insta al futuro Gobierno a aprobar sin dilación la creación de dicho fondo. No solo para hacer justicia y dar reparación a estas personas y sus familiares sino también porque “no perder de vista que el riesgo de exposición al amianto continúa presente en nuestro país y que la protección que brinda el nuestro sistema de Seguridad Social es insuficiente para proteger y compensar a todas las victimas ocupacionales de la exposición al amianto”.
