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La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga las agencias de gestación subrogada

El Ministerio de Justicia advierte de la posibilidad de que se vulneren los derechos de las mujeres gestantes
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El Ministerio de Justicia advierte de la posibilidad de que se vulneren los derechos de las mujeres gestantes

El Ministerio de Justicia pidió al fiscal actuar contra los mediadores que se lucran con una práctica prohibida en España.

viernes 23 de agosto de 2019, 15:16h

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación por la denuncia de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, acerca de las agencias intermediarias de gestación subrogada que operan en España.

El Ministerio de Justicia solicitó hace diez días a la Fiscalía General del Estado que iniciara una investigación sobre las actividades de estas agencias.

En este sentido, recordó que la gestación por “vientres de alquiler” es una "práctica prohibida” por la legislación española y señaló que las agencias que ofrecen estos servicios en España "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países”.

Además, el Ministerio de Justicia advirtió de "la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes" y que, "en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas".

Todo ello, según precisó, “sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor”.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, defendía la semana pasada durante una entrevista en Antena 3 la necesidad de investigar a “aquellos que se enriquecen” con la gestación subrogada tras la decisión del Ministerio de Justicia de instar a la Fiscalía a investigar las actividades de las agencias de vientres de alquiler.

“Para algunos se trata de una actividad económica que atenta contra la integridad de la mujer y se está investigando a ver si se está incurriendo en alguna ilegalidad para preservar a los padres y menores que tienen sus derechos; peor, aquellos que se enriquecen con estas actividades, hay que investigarlo”, afirmaba Montero.

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