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Los líos con la justicia que emborronan el desembarco de Lagarde en el BCE

Christine Lagarde, futura presidenta del BCE
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Christine Lagarde, futura presidenta del BCE

Los estatutos del BCE precisan que el presidente de la institución debe contar con “reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios”.

miércoles 03 de julio de 2019, 11:12h

El nombramiento de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE) ha causado no poca sorpresa en determinados círculos económicos teniendo en cuenta no ya su nula experiencia como banquera central -Luis de Guindos tampoco la tenía- sino algunos líos con la justicia que en su momento ya hicieron que se cuestionara su presencia en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los estatutos del BCE establecen que “el presidente, el vicepresidente y los demás miembros del Comité Ejecutivo serán nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros representados por sus Jefes de Estado o de Gobierno, sobre la base de una recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno, de entre personalidades de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios”.

Es precisamente ese “reconocido prestigio” lo que algunos cuestionan, teniendo en cuenta que Lagarde fue condenada en 2016 por la Corte de Justicia de la República de Francia por “negligencia” en el manejo de fondos públicos cuando era ministra de Economía, Finanzas, Industria y Empleo en 2007.

La sentencia no aplicaba ninguna pena a Lagarde y no figura en sus antecedentes penales, pero sí mancha em cierta medida su currículum. Lagarde fue condenada por su papel en el pago de una indemnización de 400 millones de euros por parte del Estado francés en 2008 al multimillonario galo Bernard Tapie, muy cercano al entonces presidente, Nicolas Sarkozy.

En agosto de 2014, la magistratura francesa había abierto una investigación sobre la actuación de la exministra francesa por un tribunal de arbitraje promovido por Lagarde y que determinó el pago de una indemnización, tras un arbitraje, de 404 millones de euros al empresario Bernard Tapie, quien había vendido la firma de ropa deportiva Adidas al banco semipúblico Crédit Lyonnais en 1994 para incorporarse como ministro al Ejecutivo liderado entonces por François Mitterrand.

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