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Las autopistas en quiebra recurren al Supremo el rescate de Fomento

Las autopistas en quiebra recurren al Supremo el rescate de Fomento
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Otra de las empresas concesionarias denuncia el acuerdo del Gobierno sobre la responsabilidad patrimonial.

miércoles 19 de junio de 2019, 10:47h

La Autopista de la Costa Cálida Concesionaria Española de Autopistas, S.A., (Aucosta), titular hasta el 1 de abril de 2018 de la explotación de la autopista AP-7 entre Cartagena y Vera, ha decidido recurrir al Tribunal Supremo el acuerdo del Gobierno sobre el rescate de las autopistas ‘quebradas’.

Esta compañía, como ya lo hiciera hace unos días la empresa mercantil Autopista Madrid Sur, Concesionaria Española, S.A., ha decidido interponer ante la Sala Tercera, Sección Quinta del Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 26 de abril de 2019, por el que se interpretan determinados contratos de concesión de autopistas.

El recurso va contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se interpretan determinados contratos de concesión de autopistas en cuanto al método para calcular la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA),

Las concesiones que se encuentran en esta situación y, por tanto, sobre las que se aplicará las determinaciones establecidas son las de las autopistas: R-3, R-5, R-2, R-4, M-12, AP-7 (Circunvalación de Alicante), AP-7 (Cartagena-Vera), AP-7 Autopista AP-36 (Ocaña-La Roda) y Madrid-Toledo (AP-41).

Con el acuerdo, el Gobierno pretende concretar diversos aspectos en el cálculo de la RPA y en particular sobre la valoración de las obras de construcción y bienes inmuebles afectos a la explotación de las autopistas y los diferentes conceptos a incluir en la valoración de las expropiaciones de terrenos.

El procedimiento de amortización de las obras y expropiaciones, así como el período que se considerará en el cálculo de la misma y el tratamiento de los límites de la RPA en concepto de expropiaciones y obras, previstos en su momento en los pliegos y ofertas de los licitadores, son otros de los factores que el Gobierno tendrá en cuenta.

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