José Luis Martínez-Almeida fue elegido este sábado alcalde de Madrid. El popular se hizo con el bastón de mando del consistorio de la capital gracias a los votos de Ciudadanos y de Vox, con los que el PP firmó ‘in extremis’ sendos acuerdos. Unos pactos que ‘chocan’ en algunos puntos, como en la lucha contra la violencia machista. Asimismo, existen diferencias en torno a Madrid Central, una de las medidas estrellas de Manuela Carmena,
“Estableceremos un plan municipal de educación contra todo tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar y colaboraremos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Administraciones Públicas, y organizaciones civiles, con el objetivo común de prevenir agresiones, perseguir a los agresores y ayudar a todas las víctimas de esa violencia”. Así se recoge en la medida número 34 de las 81 que aparecen en las 13 páginas del documento suscrito por PP y Vox. En este acuerdo no hay ni rastro de la palabra “machista”. No obstante, en el suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos sí que está este concepto.
Ambas formaciones se han comprometido a aprobar un “Plan de detección temprana de la violencia machista”. “Elaboraremos un Plan específico de formación en violencia machista para todo el equipo profesional de intervención del Ayuntamiento”, se asegura en este pacto, en el que se señala que “abordaremos la detección y el apoyo integral a las mujeres con más de 65 años que sufren violencia machista”. Además, se creará “un nuevo punto de atención a la violencia machista dentro de la red del Observatorio Regional que complemente la red municipal”.
Tampoco coinciden del todo sobre el futuro de Madrid Central. “Acabaremos con la política de prohibiciones y restricciones de los últimos 4 años de Madrid Central”, se afirma en el acuerdo entre PP y Vox, en el que se abre la puerta al “soterramiento de la Gran Vía, como vía de circulación alternativa y aparcamiento subterráneo”.
Por su parte, en el texto acordado entre José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís se habla de reconvertir “la Zona de Bajas Emisiones denominada Madrid Central bajo el criterio de nuevas áreas de prioridad residencial aportando soluciones alternativas y complementarias de movilidad a todos los sectores de la población”. “Simplificaremos la gran complejidad y dificultad para su gestión práctica asociada a los numerosos protocolos diferenciados para el tratamiento de los permisos de acceso (residentes, visitantes, estacionamientos públicos, etcétera)”, explican.
Asimismo, se procederá a una “moratoria de la imposición de multas en el procedimiento sancionador asociado a los accesos a Madrid Central con efectos desde el 1 de julio de 2019”, una “auditoría del sistema de control de acceso” y un “proceso de consulta a los sectores afectados para determinar y evaluar mejoras en el sistema”.
Otras diferencias son, por ejemplo, el uso en el acuerdo del PP y Ciudadanos del término “okupación ilegal” de las viviendas frente al de “ocupación” –sin k- en el de los populares y Vox y el destino de los cargos implicados en casos de corrupción. “Los cargos públicos municipales para los que se hubiera dictado auto firme de apertura de juicio oral por delitos contra la Administración Pública del título XIX del Código Penal, serán cesados del cargo que ostenten”, se recoge en el documento suscrito entre Almeida y Javier Ortega Smith. En el otro, el pactado con Villacís, se defiende que aquellos “cargos públicos imputados formalmente por delitos de corrupción presentarán su renuncia al cargo y no podrán ir en listas electorales”.
En este último también está la defensa de los derechos de las personas LGTBI, no así en el del PP y Vox, en el que tampoco aparece qué pasará con la Fiesta del Orgullo. Respecto a esto último, populares y naranjas acuerdan que siga “celebrándose donde viene siendo habitual estos últimos años siendo una marcha reivindicativa, inclusiva y transversal”.
La apertura del Museo de la Movida Madrileña en la zona de Malasaña es otra de las medidas que sí están en el mencionado pacto entre PP y Ciudadanos y no en el suscrito con Vox, en el que sí se asegura que se apoyará la “celebración de la Navidad y de la Semana Santa como manifestaciones públicas del sentir mayoritario de los españoles, de acuerdo a las costumbres y tradiciones milenarias”.
