Los investigados en la causa que analiza la gestión de Banco Popular, que fue intervenido por las autoridades europeas y posteriormente vendido al Santander por el precio simbólico de un euro, empezarán finalmente a declarar el próximo mes de octubre en la fase de instrucción de este proceso penal.
Según publica Europa Press, que cita la providencia firmada por el magistrado José Luis Calama Teixeira, la declaración de los investigados estaba prevista para el próximo mes de septiembre, pero Carlos Aguilar, Gabriel Castro, Helena Prieto, Ignacio Ayala, Rafael Alcázar y Enrique Molina, abogados intervinientes en este proceso, han trasladado al Juzgado su incompatibilidad ante su actuación profesional en el juicio de Bankia.
“Con objeto de evitar inoportunas suspensiones, se acuerdo tener en cuenta lo manifestado en el referido escrito y señalar las declaraciones de todos los investigados en la presente causa a partir del mes de octubre de 2019”, recoge el escrito, que añade que la intención del juez instructor es que queden todas las comparecencias finalizadas antes de que termine el año.
Según expone, en una resolución aparte se fijarán los días concretos de declaración de cada uno de los investigados, así como de los peritos del Banco de España que realizaron el informe que consta en las actuaciones.
De este modo, tras la incorporación al sumario del informe hecho público el pasado mes de abril realizado por los peritos del Banco de España Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, que se une al resto de documentación recabada necesaria para esta fase de preparación del juicio oral, los investigados serán llamados a declarar justo después de que finalice el juicio de Bankia, entre los que se encuentran Ángel Ron y Emilio Saracho como expresidentes de Banco Popular, así como más de una treintena de nombres vinculados a la entidad, aún por determinar si se exige a una parte o no.
La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a Banco Santander hace poco menos de un mes y retiró su condición de investigado en la causa, en una resolución que corregía al magistrado de la instrucción, quien decidió imputar a la entidad financiera que preside Ana Botín al considerar que habiendo comprado el Popular, debía responder por la responsabilidad penal en que éste hubiera incurrido, si bien se mantiene toda responsabilidad civil, de la que nunca se ha discutido.
