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El juez imputa a seis políticos por el presunto cobro de mordidas de OHL

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Cargos del PP, PSOE y Coalición Canaria han sido citados como investigados por el juez Manuel García-Castellón.

lunes 03 de junio de 2019, 11:05h

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha imputado a seis políticos y ha citado a declarar a tres de ellos en el caso de las presuntas mordidas de OHL conseguir contratos de obra pública.

Según informa vozpopuli.com el juez “tras escuchar a varios directivos de la constructora, Abelardo Genaro Moya (excargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz) serán los primeros cargos públicos que declararán como imputados en la pieza ocho del caso Lezo para esclarecer su supuesta vinculación con el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contrato de obra pública. Los tres han sido acusados de un delito de cohecho, según un auto de 28 de mayo al dice haber tenido acceso el mencionado digital.

El juez ha acordado dirigir también el procedimiento contra otros tres cargos políticos que, por ahora, no tienen fecha para comparecer ante el juez. Se trata de Luis Pedro Suárez Trenor, exdirigente de Coalición Canaria (CC) y expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife; Luis Manuel Bruno Romero, ex subdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento con el PP; y Antonio Ángel Castro Cordobez, quien fuera consejero de Infraestructuras de Canarias y ahora es diputado regional de CC.

En la Audiencia Nacional se analizan varios contratos de obra pública adjudicados en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid entre 2003 y 2014. Estos podrían haber sido amañados previo pago de comisiones ilegales por un valor de 38,6 millones de euros, según la contabilidad intervenida por orden judicial en el domicilio Paulino Hernández, quien fuera director de control de gestión de la constructora y principal sospechoso en esta nueva investigación.

Este medio recuerda que la Fiscalía y la Guardia Civil han destapado hechos que indiciariamente revelan una “práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional”.

El primero de los políticos en enfrentarse a las preguntas del Ministerio Fiscal será Abelardo Genaro Moya, exgerente de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A (la actual Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía) y responsable de asignar dos de las adjudicaciones investigadas. Según publicó ABC, habría cobrado 58.000 euros de la constructora. Tendrá que acudir el próximo 12 de junio a las 15 horas.

También declarará el 12 de junio como investigado por un presunto delito de cohecho el directivo de OHL Mariano Javier Peláez Toré, quien en una de las grabaciones alude a una presunta mordida de dos millones de euros vinculada a la sociedad pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

El 13 de junio, a las 9.30 horas, está citado José Luis Almazán Palomino, quien fuera miembro de la Ejecutiva del PP de Melilla. Se le vincula, según ABC, con el pago de 400.000 euros "de las europeas del PP". Ese mismo día, a las 9.45 horas, acudirá ante el juez Albino Pardo Rodríguez, exdirector del Puerto de Cádiz.

Además de dejar constancia de las citaciones, el magistrado ha requerido a la Agencia Tributaria para que informe de los bienes y derechos de los que sean titulares los seis políticos investigados, "incluidos aquellos bienes que figuren a nombre de sociedades en las que estas participen". A su juicio, los imputados serían "personas que en su momento desempeñaron funciones públicas en organismo o entidades vinculadas a la adjudicación o ejecución de obras públicas a cargo del grupo OHL".

Investigación interna

En el marco de las pesquisas en la Audiencia Nacional, OHL ha contratado los servicios del despacho Baker & McKenzie para que lleve a cabo una investigación sobre los empleados y exempleados de la empresa investigados en esta pieza. Desde la constructora han insistido en que se investiga a personas naturales y no a la compañía, siempre según vozpopuli.com

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