Ecologistas avisa a Almeida contra el “error indecente” para la salud pública de eliminar Madrid Central

Madrid Central

Ecologistas avisa a Almeida contra el “error indecente” para la salud pública de eliminar Madrid Central

La ONG recuerda al PP y Vox que la medida ha reducido la contaminación y es una exigencia de la Comisión Europea.

Gran Vía Madrid Central

Madrid Central, el área restringida al tráfico en el centro de la capital vigente desde el pasado 30 de noviembre, puede tener las horas contadas si José Luis Martínez Almeida se convierte alcalde de la ciudad, pero Ecologistas en Acción advierte al político del PP que esta medida no ha sido un “capricho” o “un antojo” del Gobierno de Manuela Carmena “sino una exigencia de la Comisión Europea”. Y avisa que revertirlo sería “un error descomunal, indecente e inmoral desde la óptica de la salud pública y de todo punto injustificable ante los compromisos adquiridos con Bruselas”.

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado hoy –en una entrevista en esRadio– que si se convierte en el nuevo alcalde de la capital “dejará de existir” Madrid Central, cumpliendo de esta forma su promesa electoral, una declaración de intenciones contra la que alerta Ecologistas en acción, ONG que avisa del peligro de acabar con una medida que “está funcionando muy bien, consiguiendo reducciones récord de los niveles de contaminación.

Ecologistas considera que “suprimirlo ahora sería un inmoral retroceso en relación a la salud de la ciudadanía” ya que está consiguiendo reducciones inéditas de la contaminación de acuerdo a los informes mensuales que ha presentado esta organización, que además ponen de manifiesto la “inexistencia del efecto frontera”. Según estos estudio, la estación de medición de Plaza del Carmen, en el interior de Madrid Central, el pasado abril registró los niveles más bajos de dióxido de nitrógeno de su historia, y ha pasado de ser una de las cinco estaciones con peores registros a estar entre las mejores, con valores similares a las de la Casa de Campo y El Pardo.

Y hace notar que además “esta reducción de la contaminación se ha producido mientras se reduce el tráfico privado y mejora la fluidez y las frecuencias del transporte público en superficie, lo que supone también una ventaja adicional para las personas que viven y transitan por el centro de la ciudad”.

Muertes prematuras

Esta ONG recalca que la decisión de suprimir Madrid Central no es baladí, ya que “la zona del Estado español más contaminada por dióxido de nitrógeno (un gas que proviene sobre todo de los tubos de escape de los vehículos diésel) es el área metropolitana de Madrid, y este gas, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, provoca cada año nada menos que 8.900 muertes prematuras, aparte de muchos problemas de asma, incremento de alergias y de enfermedades respiratorias”.

Además, añade que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 recoge “la generalización a partir de 2023 en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de la delimitación de zonas centrales con acceso limitado a los vehículos más emisores y contaminantes”, lo que –a juicio de los ecologistas- convierte aún más en un sinsentido el revertir una medida que cumple estas condiciones y que está funcionando bien y con buena aceptación ciudadana.

Igualmente, recuerda que el gobierno de Mariano Rajoy, lamado a capítulo por el Comisario europeo de Medio Ambiente en enero de 2018 por incumplimiento de la directiva de calidad del aire, presentó los planes de varias ciudades, entre ellas Madrid, para tratar de frenar un procedimiento de infracción que hubiera acabado en una importante multa, estimada en 100 millones de euros semestrales durante el periodo de incumplimiento. Como la normativa se viene incumpliendo desde 2010, la cuantía puede ser de hasta 2.000 millones.

Indica que el proyecto que presentó para la ciudad de Madrid era el Plan A, que incluía como medida estrella la puesta en marcha de Madrid Central y que gracias a la credibilidad de estos planes se concedió una prórroga y no se inició el procedimiento contra España en el Tribunal de Justicia Europeo, por lo que considera que “nadie en la Comisión entendería que ahora se suspendiera su principal medida”.

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