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La Fiscalía investiga a la candidata de Ciudadanos que habría empadronado y desempadronado vecinos para ganar el 26M

Urna electoral
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Urna electoral (Foto: Raúl Fernández)

El Ministerio abre diligencias contra la alcaldesa de La Acebeda por un presunto delito electoral tque está castigado hasta con dos años de prisión.

jueves 09 de mayo de 2019, 16:14h

La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación penal a la alcaldesa de La Acebeda, Rosa García Blanco, candidata de Ciudadanos, por la presunta comisión de un delito electoral. A la regidora, que en 2015 se presentó con el PP y ahora encabeza la candidatura de Ciudadanos, los vecinos le acusan de empadronar y desempadronar supuestamente a algunos de sus vecinos de manera irregular de cara a las elecciones municipales del 26M.

El supuesto fraude electoral se conoció cuando un veintena de vecinos del pueblo denunció que no había podido votar en las generales porque no figuraban en el censo electoral, y acusan a la alcaldesa de incluir en el censo a personas que no residen en el pueblo y a empadronar a nuevos residentes que supuestamente viven en un camping, cuando éste está abandonado y fue cerrado en 2017.

Según informa la Fiscalía en un comunicado, la decisión de investigar a la regidora obedece a la documentación remitida este miércoles por la Junta Electoral Provincial de Madrid a la Fiscalía en la que daba cuenta de que pudieran estar integradas en un delito electoral las conductas de la alcaldesa. Y se aclara que dado que la investigada no es aforada se ha remitido el procedimiento a la Fiscalía Provincial de Madrid para que “las actuaciones que se produzcan por aplicación de estas formas tendrán carácter preferente y se tramitarán con la máxima urgencia posible”, tal y como dispone el artículo 151 de la LOREG”.

La Fiscalía informa que se investiga a García Blanco por la presunta comisión de un delito electoral previsto en el artículo 139.1 y 2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, de Régimen Electoral Centra. Yl recuerda que, según la Ley Electoral, serán castigados con las penas de seis meses a dos años de prisión los funcionarios públicos que incumplan las normas legalmente establecidas para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral, y para la constitución de las juntas y mesas electorales, así como para las votaciones, acuerdos y escrutinios que deban realizar.

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