El Ayuntamiento tarda un mes en publicar la ley que limita las viviendas turísticas en Madrid

Viviendas turísticas

El Ayuntamiento tarda un mes en publicar la ley que limita las viviendas turísticas en Madrid

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica este martes el Plan Especial de regulación del consistorio.

    Edificio de viviendas

    Este miércoles entre en vigor el Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje del Ayuntamiento de Madrid.

    El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica este martes la normativa aprobada el pasado 27 de marzo y que no se ha publicado hasta que ha pasado la Semana Santa.

    La justificación del consistorio de Manuela Carmena es que no se ha hecho antes por ahorrar cerca de 1.000 euros. La administración municipal decidió no publicarlo en el BOAM de carácter urgente para así ahorrar los 1.000 euros que cuesta, explicaron fuentes del ayuntamiento a EL BOLETÍN.

    Según miembros del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, era “muy pequeña la diferencia en tiempo entre publicarlo en el BOCM y no hacerlo”.

    Según destaca el Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo, uno de los objetivos principales del plan es «preservar el uso residencial en las áreas centrales de Madrid».

    Para ello, la base del acuerdo pasa por equiparar las condiciones de implantación de uso terciario de hospedaje a las de cualquier otro uso terciario. Es decir, exigir las mismas condiciones que requieren otros establecimientos de hospedaje, como hoteles u hostales.

    Entre esas nuevas medidas, un acceso independiente a la calle y recepción propia en determinadas zonas de la ciudad como el centro. Quizá esta sea una de las razones que explique el aumento del precio de los pisos ubicados en bajos y con acceso directo a la calle en las últimas semanas

    El consistorio considera, por otro lado, que el arrendamiento inferior a tres meses (90 días) es una suerte de ‘economía colaborativa’. Sin embargo, el decreto que llevó a cabo la Comunidad de Madrid hace dos semanas reduce ese plazo a cero. Un piso es turístico en toda la región desde el primer día en que se alquila para ese motivo.

    La ley regional sobre viviendas turísticas entró en vigor el pasado 13 de abril, un día después de haber sido publicada en el boletín regional.

    La normativa publicada asegura que el plan no será de aplicación a aquellas parcelas que tengan aprobado definitivamente un Plan Especial exigido por el vigente PGOUM 97 para la implantación del uso de Servicios Terciarios en la clase de hospedaje y no hayan implantado la actividad, pudiendo solicitar licencia urbanística al amparo del mismo.

    “Casi todas lo hacen ilegalmente”, aseguran fuentes del Ayuntamiento de Madrid a este diario. “La mayoría son ilegales porque no tienen licencia. Desde que realizamos una moratoria de concesión de licencias lo son”, afirman. En ese sentido, el consistorio ha decidido reforzar la inspección de este tipo de pisos.

    En cualquier caso, la potestad sancionadora recae sobre la Comunidad de Madrid. El gobierno municipal tiene competencia sobre las órdenes de clausura, que pasan por un expediente, una inspección y un periodo de alegaciones.

    “El plan se va a recurrir”

    En el otro lado de la normativa, los propietarios de estas viviendas. La asociación de particulares, gestores y pequeños propietarios de alquiler vacacional de la Comunidad de Madrid, Madrid Aloja, critica “el sesgo” del Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena.

    Según destacó Alberto Más, socio de esta asociación, a EL BOLETÍN, el gobierno municipal sabe que “el plan se va a recurrir a la Justicia”. El miembro de Madrid Aloja considera que la nueva normativa se ha hecho sin buscar el consenso entre las partes y de manera improvisada.

    “Es como si vas conduciendo por la autopista y de repente te exigen bajar la velocidad a cero. O lo haces poco a poco o te estrellas”, compara Alberto Más. Desde la plataforma aseguran a este diario que no están en contra de que exista una regulación, “es bueno que haya unas reglas que garanticen la convivencia”.

    No obstante, a su juicio, el consistorio lo ha hecho en plena campaña electoral y planteando datos “que no son reales”.

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