El Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes a nuevas medidas sobre los denunciantes de corrupción, que tendrán ahora mayor protección a la hora de revelar información obtenida en el entorno laboral sobre actividades ilegales.
Las nuevas normas establecen estándares europeos para proteger “a quienes revelen infracciones de la legislación comunitaria relativas a un amplio espectro de áreas” como contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales o protección de datos.
Así lo explica la Eurocámara en un comunicado en el que señala que “para asegurar” que estos denunciantes “están protegidos” y que la información que revelan “mantiene la confidencialidad”, la ley aprobada “permite que las denuncias se lleven a cabo dentro de la organización, ante la autoridad legal competente, o directamente ante las autoridades nacionales o las instituciones, cuerpos, oficinas u agencias de la UE competentes.
En aquellos casos en los que “no se tomen las medidas pertinentes” tras la denuncia inicial, o si éstos consideran que se puede causar un daño inminente a las personas interesadas o que hay riesgo de represalias”, el denunciante también gozará de protección si decide denunciar las infracciones públicamente.
La nueva ley prohíbe explícitamente las represalias e introduce mecanismos para impedir que sean suspendidos, degradados o intimidados, una de las muchas consecuencias que sufren los denunciantes de corrupción. Asimismo, las personas que cooperen con ellos (intermediarios, compañeros o parientes) también estarán protegidos.
Los Estados miembros deberán asegurar que “tienen acceso a información completa e independiente y a orientación sobre los trámites y posibles soluciones, así como a asesoramiento legal adecuado durante el curso del procedimiento”.
La ponente, la eurodiputada francesa Virginie Rozière, ha asegurado que “escándalos recientes como LuxLeaks, los papeles de Panamá o Football Leaks han demostrado la enorme precariedad que sufren los delatores en la actualidad”. “En vísperas de las elecciones europeas, el Parlamento manda una señal de que ha escuchado las preocupaciones de la ciudadanía y apoyado normas severas para garantizar su seguridad y la de las personas que decidan alzar su voz contra las infracciones de la legislación comunitaria”, destaca.
Esta norma aún debe ser adoptada formalmente por los ministros de la UE. Después, los Estados miembros tendrán dos años para aplicar la normativa.
