El Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska pidió el pasado 28 de febrero un dictamen al Consejo de Estado para conocer el grado de compromiso jurídico que comporta el acuerdo de equiparación salarial firmado con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y este órgano consultivo ha dictaminado que el documento, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no es “ni jurídicamente exigible ni vinculante”, por lo que allana el camino al Ministerio para desentenderse de dicho acuerdo firmado por Juan Ignacio Zoido con los representantes de los policías nacionales y de los guardias civiles, según informa hoy elindependiente.com.
El digital afirma que el dictamen del Consejo de Estado avala el eventual incumplimiento de los compromisos que en la etapa del PP asumió Interior con los representantes de los policías nacionales y guardias civiles después de meses de movilizaciones. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el acuerdo carece de la eficacia que sindicatos y asociaciones profesionales le presuponen y, en consecuencia, el actual equipo ministerial no está obligado a materializar su ejecución en los términos aprobados.
“La correcta interpretación del contenido del acuerdo de 12 de marzo de 2018 y la forma de su aplicación deben tener en cuenta, por una parte, los principios generales de la negociación colectiva y, por otra, los límites en que ésta se desenvuelve en las Administraciones públicas. En especial, la irrenunciabilidad e inderogabilidad de las potestades públicas. De esta premisa se desprende que, si bien todos los contenidos del acuerdo de 12 de marzo de 2018 deben ser aplicados de conformidad con el principio de buena fe negocial, no todos ellos tienen la misma eficacia directa, a tenor de lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el resto del grupo normativo aplicable al caso”, detalla la primera de las seis conclusiones. Además, y siempre según elindependiente.com el Consejo de Estado da respuesta a aspectos concretos, como le había requerido el ministro.
En relación con el informe encargado a la consultora externa (Ernst&Young Abogados), deja claro que los resultados que exponga la empresa privada no pueden sustituir en ningún caso “las decisiones que ha de tomar el Ministerio del Interior en ejercicio de las competencias y potestades que el ordenamiento le encomienda en cuanto a la organización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Y apostilla: “En este mismo sentido debe interpretarse lo que afecta al seguimiento del acuerdo. No resulta, por tanto, ni jurídicamente exigible ni vinculante”.
El digital recalca que este punto es especialmente relevante para el futuro de la equiparación, por cuanto sindicatos y asociaciones profesionales accedieron a firmar el acuerdo sobre la base de los 807 millones -los representantes de los agentes llegaron a levantarse de la mesa después de haber cifrado en 1.500 millones la cantidad necesaria para recortar la brecha salarial con las policías autonómicas- tras comprometerse el anterior equipo de la Secretaría de Estado de Seguridad a incluir una cláusula por la que se recurriría a una empresa especializada para que analizara las retribuciones y los puestos a fin de asegurar que la igualdad salarial con los Mossos fuera “total y absoluta”. Fue la manera de desbloquear la negociación, que llegó a quedar en punto muerto por las diferencias abismales que existían en los cálculos de ambas partes.
Tampoco entiende el Consejo de Estado que resulte “jurídicamente exigible” al Ministerio del Interior el compromiso de “impulsar las medidas legislativas” que sean necesarias para evitar que, una vez igualadas las nóminas con las de las policías autonómicas, vuelva a producirse en el futuro otra brecha salarial. Dichas acciones “no están al alcance de las competencias y potestades del Ministerio”.
Ni lo de este mes
El órgano consultivo que preside la socialista María Teresa Fernández de la Vega va mucho más allá y concluye que al departamento de Grande-Marlaska tampoco se le puede exigir que “ponga en marcha la subida retributiva prevista para el segundo tramo de la equiparación salarial”. Razón: “Ni se encuentra dentro de las competencias de este ministerio la potestad de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos, ni puede aprobar una norma con rango de ley con esta finalidad”.
El independiente Dicho medio online destaca que “la petición de dictamen al Consejo de Estado está fechada el pasado 28 de febrero, dos días después de que la número dos de Interior (Ana Botella) se reuniera con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil en el marco de la comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial”. Y hace notar que sin embargo, la secretaria de Estado de Seguridad no sólo negó que hubiera recibido ya el informe de la consultora -ésta lo había remitido dos días antes por correo electrónicos a dos de sus asesores- sino que se estaban planteando ampliarle al contratista el plazo de ejecución del trabajo por la complejidad del encargo, posibilidad que el pliego de condiciones no contemplaba. Y por si fuera poco, Botella no anticipó en aquella reunión la intención de solicitar el parecer del Consejo de Estado para conocer el grado de vinculación jurídica del acuerdo.
