El Gobierno central entierra el conflicto del superávit con los ayuntamientos y las comunidades autónomas. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto-ley que permitirá a estas administraciones poder destinar el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenible en 2019.
Entre las condiciones de esta norma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha señalado la autorización de que estas inversiones puedan terminarse el año que viene. En este sentido, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge, en uno de sus puntos más polémicos, que el superávit vaya a amortizar deuda.
Sin embargo, el Gobierno ha facilitado que los municipios y las comunidades puedan salirse de esta obligación gracias a las inversiones financieramente sostenibles. Para que esto sea así, tienen que ser inversiones con una vida útil igual o superior a cinco años que se financian con el superávit
Al mismo tiempo, como ha recordado Europa Press, estos trabajos deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan el gasto a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Ahora con esta excepción permitida, el superávit podrá destinarse a la prestación de servicios como el alcantarillado, el abastecimiento de agua, la recogida de residuos o alumbrado público, a los centros docentes o a la asistencia social primaria, entre otros ámbitos.
