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Los propietarios de pisos turísticos se revuelven contra Carmena y anuncian una lluvia de demandas

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid.
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Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. (Foto: Ayuntamiento de Madrid)

El colectivo Madrid Aloja advierte de que, pese a la regulación que se ha aprobado este miércoles, va a seguir funcionando “porque la ley nos ampara”.

miércoles 27 de marzo de 2019, 11:11h

El plan de Manuela Carmena para regular la vivienda turística en Madrid se replicará en los tribunales. Los propietarios de estos pisos han anunciado una lluvia de demandas contra la normativa que aprueba este miércoles el Ayuntamiento de Madrid. “Vamos a seguir funcionando”, han retado.

Manuel, miembro de Madrid Aloja, ha sido el encargado, a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, de asegurar que no cambiarán la actividad “porque estamos convencidos de que la ley nos ampara y nos amparará”. Pese a esta convicción, la plataforma de propietarios ha reclamado una “moratoria” para poder “llegar a un acuerdo”.

En todo caso, ya ha avanzado que se presentarán demandas tanto individuales como colectivas contra la ley de Carmena aunque esto suponga un escenario “lastimoso” por el dinero público y privado gastado en el proceso. Manuel, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha insistido en que no se trata de una regulación, sino de una prohibición.

“Solamente hay que ver cuáles son las características que se exigen (para ser aceptada como vivienda de uso turístico): entradas independientes, ascensor… Es una prohibición pese a que los políticos querrán hablar de regulación”, ha completado.

Según los cálculos publicados, la medida afectará al 95% de los pisos turísticos de los distritos dentro del M-30 ya que la gran mayoría no cuenta con un acceso independiente, tal y como se exige en la normativa. Asimismo, el alquiler de particulares se limita a 90 días al año. Si se supera ese periodo, será considera negocio y se tendrá que pedir una licencia de hospedaje.

Respecto a este acceso independiente, Madrid Aloja ha destacado que para acceder a las pensiones, los huéspedes “entran por la misma puerta” que los vecinos del edificio. Algo que ya se está viendo en los edificios que cuentan con actividades profesionales como abogados o dentistas.

Por su parte, Airbnb manifestó ayer su oposición a la ley que se aprueba. A través de una “carta abierta a la alcaldesa de Madrid”, la plataforma ha reprochado que se esté “eliminando la posibilidad de que miles de familias en Madrid puedan beneficiarse del turismo”, así como que se está poniendo “en riesgo casi 800 millones de euros de impacto económico” y “miles de puestos de trabajo”.

Por último, la compañía ha valorado que el porcentaje de pisos turísticos en Madrid “es demasiado pequeño para tener un impacto material en la vivienda”. Al mismo tiempo, Airbnb ha señalado otras causas de la crisis de la vivienda como las “casas vacías, escasez de nuevas construcciones o crecimiento de la población”.

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