España es el país de la Unión Europea que más permisos de residencia otorga a cambio de inversión inmobiliaria. Entre inicios de 2013 y abril de 2018, España aprobó 24.755 visados de residencia a extranjeros que invirtieron más de 500.000 euros en la adquisición de bienes inmuebles en España.
Son datos que ofrece la ONG Transparencia Internacional a través del informe ‘European getaway: inside the murky world of golden visas’. Según dicho documento, en los últimos 10 años la Unión Europea ha concedido más de 6.000 ciudadanías y 100.000 residencias a través de los programas de las visas doradas. Un cuarto de esos visados los ha expedido España.
Según el informe, el país ha ganado cerca de 1.000 millones de euros anuales a través de estas visas doradas, otorgadas en su mayoría a personas que provienen de China (7.118), Rusia (4.715), Estados Unidos (4.327), India (3.233) y Venezuela (3.116).
La comisión sobre Delitos Financieros de la Unión Europea lleva tiempo advirtiendo sobre la supuesta necesidad de una policía financiera que profundice, entre otras cuestiones económicas, la supervisión sobre estos visados.
A juicio de esta comisión, los ‘visados de oro’ pueden favorecer el ingreso de criminales ricos en la Unión Europea. “Los permisos no sólo implican privilegios fiscales para los beneficiarios. También dan acceso a la libre circulación, que puede ser aprovechada para lavar dinero y evadir impuestos”, alertan.
Según Transparencia Internacional, “estos visados engloban serios riesgos de corrupción”.
Detrás de esta situación, el Parlamento Europeo propuso este martes una estrategia de lucha contra la criminalidad financiera y para una fiscalidad más justa y efectiva.
Policía financiera
El pleno de Bruselas aprobó, con 505 votos a favor, 63 en contra y 87 abstenciones, las recomendaciones de la comisión especial sobre delitos financieros, evasión y fraude fiscal (TAX3). Entre otros cambios, los eurodiputados piden una revisión en profundidad de los mecanismos para combatir los delitos financieros, la evasión y la elusión fiscal, sobre todo mediante la mejora de la cooperación entre las numerosas autoridades implicadas.
Además, plantean crear nuevos organismos a nivel europeo e internacional, como una policía financiera europea, enmarcada en Europol, con capacidad para llevar a cabo investigaciones, y de una unidad de inteligencia financiera.
La Eurocámara votó a favor de un documento que exige la prohibición de las “empresas pantalla”, la toma de medidas respecto a los Estados miembros que no muestren voluntad política para acabar con la evasión y la elusión fiscal y los delitos financieros.
En su publicación, el Parlamento Europeo enumera siete países de la UE (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda) que tienen a día de hoy lagunas en su legislación y que “facilitan la planificación fiscal agresiva”.
