Un centenar de afiliados de Ciudadanos amenazan con llevar las primarias a los tribunales

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Un centenar de afiliados de Ciudadanos amenazan con llevar las primarias a los tribunales

Ultiman una querella por los presuntos delitos de falsedad documental, corrupción entre particulares o revelación de secretos.

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Las primarias de Ciudadanos van camino de acabar en los tribunales. Un centenar de militantes de la formación naranja, entre los que hay concejales y cargos locales y regionales, amenazan con denunciar ante la Audiencia Nacional las presuntas irregularidades en este proceso de elección si la dirección del partido no da explicaciones en una semana.

Según publica este lunes la SER, estos afiliados han dado este ultimátum tras el supuesto pucherazo en las primarias de Castilla y León. En este proceso se detectaron 82 votos nulos cuya procedencia aún no se ha explicado. Esas papeletas dieron la victoria a Francisco Igea frente a la candidata apoyada por el aparato, la ex del PP Silvia Clemente.

Lo sucedido en Castilla y León levantó las sospechas en otras regiones del país, como Madrid, Cantabria o Murcia, donde algunos de los aspirantes que perdieron sus respectivas primarias pidieron información adicional a la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos. Sin embargo, este órgano ha dado carpetazo a este tema asegurando que no se han hallado “anomalías” en ninguno de esos y de los otros 8 procesos electorales internos que también se reclamaron.

Para estos militantes la Comisión de Garantías ha respondido “con evasivas, ofreciendo información parcial y sesgada, al tiempo que ha vertido diversas amenazas sobre los potenciales denunciantes”. Incluso, denuncian que “se han elaborado listas negras para apartar del partido a los afiliados que están investigando y desean esclarecer dichas irregularidades”.

Estos afiliados, continúa la SER, afirman tener constancia de “diversas irregularidades cometidas y asociadas al proceso de primarias sin que se tenga conocimiento de que el partido haya realizado una auditoría que aclare como se ha intervenido en el falseamiento del sistema de votación, con qué fines y quiénes han sido los responsables”.

Tal es así que han encargado un informe jurídico con el que afirman que se demuestra que “la actuación llevada a cabo por las personas implicadas” podría suponer “un delito de falsedad documental, corrupción entre particulares, delito de revelación de secretos y daños informáticos”.

Por todo esto dan una semana a la dirección de Ciudadanos para que “esclarezca los hechos”. En caso contrario, presentarán una querella ante la Audiencia Nacional.

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