La presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está vacante desde noviembre de 2017, fecha en la que falleció la por entonces presidenta del organismo, Esther Arizmendi.
Año y medio sin máximo responsable de un órgano que debe promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada.
El Tribunal de Cuentas publicó este lunes un informe en el que lamentaba que la Presidencia de esta institución siguiera vacante porque “dificulta, entre otros aspectos, la toma de decisiones”.
“Por último, la composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno no se ha adecuado, durante más de tres años, a lo establecido en el artículo 13 del Estatuto, al encontrarse vacantes los puestos de los representantes del Congreso de los Diputados, del Senado y de la Secretaría de Estado de Función Pública”, señala el Tribunal de Cuentas en referencia a años anteriores.
El pasado 1 de febrero de 2019 el Consejo de Ministros procedió a la designación de nuevos vocales de la Comisión para cubrir los puestos que estaban vacantes.
