El Gobierno impugnará ante el TC la comisión de investigación del Parlament sobre la Familia Real

Consejo de Ministros

El Gobierno impugnará ante el TC la comisión de investigación del Parlament sobre la Familia Real

Calvo explica que esta impugnación, a diferencia de la que presentó en octubre, cuenta con un informe favorable del Consejo de Estado.

Carmen Calvo

El Gobierno ha acordado este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional la comisión de investigación sobre la monarquía y la figura del Rey aprobada la semana pasada por el Parlament de Cataluña ha anunciado la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Calvo ha justificado la impugnación en la “radical discrepancia”del Gobierno pero, sobre todo, en que un Parlamento autonómico no tiene “competencia alguna” para investigar la figura del jefe del Estado.

También ha precisado que, en esta ocasión, el Gobierno cuenta con un informe favorable del Consejo de Estado. El pasado noviembre, el Ejecutivo decidió recurrir ante el TC, sin el respaldo del Consejo de Estado, una resolución del Parlament que condenaba la posición de Felipe VI tras el referéndum del 1-O y apostaba por la “abolición” de la Monarquía como “institución caduca y antidemocrática”. El máximo órgano consultivo consideró entonces que no había base jurídica para el recurso porque el texto de la Cámara no tenía efectos jurídicos.

Ahora, la creación de esta Comisión de investigación se aprobó el pasado día 7 de marzo, impulsada por JxCat, ERC, los ‘comuns’ y la CUP y contó con el rechazo de Ciudadanos, PSC-Units y el PP. Pretende investigar las “actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real española, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña después del 1-O”.

Por otro lado, y según informa Europa Press, el Gobierno también ha recurrido la ley foral navarra que adelanta a 2020 la prohibición de plásticos de un solo uso, porque se adelanta a la prohibición en el marco estatal y, por tanto, el Ejecutivo la considera inconstitucional desde el punto de vista del reparto de competencias. Calvo ha remarcado además la “responsabilidad del Gobierno para proteger la unidad de mercado”.

Más información