La estación de metro de Gran Vía permanece cerrada al público desde que el pasado verano la Comunidad de Madrid comenzara las obras de ampliación. El objetivo del gobierno regional de Cristina Cifuentes – cuando planificaron la remodelación de la infraestructura – fue iniciar las obras con tiempo suficiente para estrenarlas antes de las elecciones autonómicas de 2019. Sin embargo, a estas alturas se desconoce cuándo quedará abierta la estación.
La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, defiende su gestión “rigurosa” y tilda de “bien planificada” la obra diseñada para la estación de metro de Gran Vía. Esa es la conclusión del gobierno regional a pesar de no tener fecha de reapertura y haber tenido que aumentar el precio final de la obra en 3,5 millones de euros, como ya adelantó Madridiario.
Los partidos de la oposición acusan en bloque al Ejecutivo del PP de haber provocado el caos en el centro de Madrid por culpa de una medida “electoralista”.
Sobrecostes y contratos veloces
Este martes se cerró la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid con la comparecencia de la Consejera de Transportes de la región, la señora Rosalía Gonzalo, para explicar las obras de la estación de Gran Vía.
Ciudadanos, Podemos y PSOE coinciden en la versión que relaciona la parálisis de las obras con las supuestas prisas de la Consejería por concluirlas antes de los comicios. La idea, según miembros de la Asamblea, era que Cristina Cifuentes “cortase una cinta” en las semanas previas a los comicios.
Esa es la presunta razón por la que se utilizón, en un inicio, maquinaria grande y pesada cuando especialistas – la propia empresa adjudicataria, Sando – abogaban por el empleo de máquinas pequeñas (micropilotes) que no pusieran en riesgo el patrimonio arqueológico de Metro de Madrid, como finalmente ha sucedido.
A las pocas semanas de iniciar las obras éstas tuvieron que ser detenidas tras el hallazgo de restos arqueológicos de la antigua estación de metro. A partir de ese momento, las obras quedaron sometidas al control de la Dirección General de Patrimonio que decidió paralizarlas temporalmente.
A raíz de este descubrimiento, y por cuestiones de seguridad imperantes (riesgo de colapso por lluvias), la Comunidad tuvo que realizar un contrato de emergencia (sin publicidad) de 3,5 millones de euros que fue a parar a manos de la misma empresa, Sando, que ya había obtenido previamente el contrato de las obras de ampliación (3,7 millones) al realizar la oferta más baja.
“Hubo informes previos que no se tuvieron en cuenta y que ya mencionaban las cosas que hay debajo de la estación de Gran Vía. Estos documentos desaconsejan su vaciado por seguridad de las mismas (restos arqueológicos) y de las actuales”, asegura Dolores González Pastor, diputada de Ciudadanos.
El estudio presentado en la licitación solo planteó un estudio de demanda, critican. Además, consideran que el contrato inicial no se podría haber llevado a cabo con la nueva ley de contratación pública, ya que habría requerido informes técnicos más detallados, en su versión.
En ese sentido, el diputado de Podemos Alberto Oliver cree que la obra “no solo se hace pronto y mal, sino se hace para evitar la nueva ley de contratos públicos que hubiera hecho más laborioso y complejo sacar adelante este contrato”.
El representante ‘morado’ afirma que “hay algunas dudas que suscitan con el tipo de contrato. Si acudimos al registro de la entrada de ofertas, la oferta de Sando es la última que se presenta, y se presenta escasos minutos antes del cierre de las licitaciones, y además es la más barata, por poquito”. La compañía, en declaraciones a El Boletín, rechaza las acusaciones y asegura que acudieron a la licitación en el tiempo que consideró oportuno.
La representante de Ciudadanos destaca del mismo modo que Sando “gana un concurso abierto a precio con un 40% de rebaja que finalmente se convierte en el doble del presupuesto”, al llevarse adjudicado el contrato de emergencia.
El portavoz del PSOE en la comisión, por su parte, Dani Viondi, pone en cuestión la necesidad que había para la puesta en marcha de estas obras. “La obra prioriza más la imagen del gobierno que la necesidad de estas obras. No eran tan importantes como nos quisieron vender”, señala.
La conclusión de la oposición apunta a las prisas y a la necesidad imperiosa del Ejecutivo de Cifuentes (el contrato fue adjudicado en diciembre de 2017) de ver a la por entonces presidenta estrenando infraestructuras.
“Rigor y bien planificada”
La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, niega la mayor. “Las obras solo comenzaron cuando recibimos un informe de la Dirección General de Patrimonio. Ese informe señalaba que si aparecían restos arqueológicos se paralizarían los trabajos”, afirma.
La responsable del transporte en la Comunidad de Madrid asegura que han actuado de manera “responsable y con rigor”.
