Hecha la ley, hecha la trampa. El Gobierno aprobó en diciembre una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos –que pasó bastante inadvertida- para que los alquileres de renta reducida, es decir los menores de 600 euros, no pudieran subir más del IPC, pero no especificaba nada con respecto al resto de rentas, por lo que los caseros empezaron a fijar las rentas en 601 euros a sus inquilinos para no tener que atenerse a dicha limitación. Por eso, según explica elconfidencialdigital.com, y dado que la norma no fue convalidada por el Congreso, Fomento ha corregido ha corregido su error en el nuevo decreto para evitar “la picaresca de los propietarios”.
Señala el digital que la reforma de diciembre comenzó de inmediato a constituir un incentivo negativo para los inquilinos, pese que se perseguía lo contrario. Y explica que varias inmobiliarias de Madrid confirmaron a este medio que algunos propietarios empezaron a decidir fijar precios superiores a los 600 euros a sus inquilinos para no tener que atenerse a la limitación de precios del IPC. Llamaba la atención que se comenzaran a establecer alquileres a partir de los 601 euros en los acuerdos.
Unas modificaciones que comenzaron a ordenar, tras la entrada en vigor del decreto el pasado diciembre, a los agentes inmobiliarios para que fueran incluidas en la redacción de los nuevos contratos de arrendamiento.
Elconfidencialdigital.com explica que le han confirmado fuentes del Ministerio que dirige José Luis Ábalos que la picaresca de los caseros fue detectada por los técnicos de Fomento durante el mes que el anterior decreto estuvo en vigor.
Y que por eso y con la nueva normativa, el Ejecutivo ha querido erradicar por completo esta práctica abusiva, estableciendo que la subida del alquiler nunca pueda ser mayor que el incremento del IPC durante la duración del contrato.
