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Asprima carga contra el decreto de alquiler por “perseguir” a propietarios y fondos de inversión

Asprima carga contra el decreto de alquiler por “perseguir” a propietarios y fondos de inversión
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Los promotores madrileños temen que el “intervencionismo” hará que los caseros sólo alquilen sus viviendas a inquilinos con “economías saneadas”.

martes 05 de marzo de 2019, 07:46h

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Asprima, arremete contra el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para atender la emergencia social en materia de vivienda, aprobado el pasado viernes en el último Consejo de Ministros de la legislatura, conocido como el 'decreto del alquiler', por considerar que “lejos de cumplir su propósito podría agravar la situación del mercado actual del alquiler”. Las promotoras madrileñas creen que las medidas “van encaminadas a perseguir a los propietarios” y a “reducir el papel de los fondos de inversión en el sector inmobiliario español” del que dicen sólo tienen una cuota de mercado del 3%.

Asprima –en un duro comunicado- dice que el Real Decreto no incentiva la oferta “que moderaría consecuentemente los precios” y cree que por el contrario “persigue a los propietarios que podrían verse inducidos a sacar sus viviendas del alquiler o a restringirlo a inquilinos con economías saneadas. Criticando que la nueva norma se haya aprobado “sin consenso y el diálogo con todos los actores sectoriales”, en el convencimiento de que “la claridad y la sostenibilidad de la regulación son elementos fundamentales para garantizar una seguridad jurídica real en el sector”.

Los promotores afirman que” actuar en el mercado libre sin una medida correlacionada con vivienda social y vivienda protegida asequible puede llegar a provocar una considerable distorsión para el mercado”. Y piensan que no es conveniente, “ni para el mercado ni para la sociedad, intervenir en los tiempos para incrementar el precio de los alquileres, que se realizará en función del IPC. En el caso de las personas físicas pasa de tres a cinco años y en las personas jurídicas se incrementa de cinco a siete años, diferenciación que no tiene sentido puesto que la naturaleza del servicio es la vivienda de alquiler y no su titularidad.”

Tampoco están de acuerdo con el establecimiento de un índice de precios, ya que estiman que “aunque puede aportar transparencia, también puede provocar que se limite el libre mercado ya que desincentivaría la oferta de viviendas y, por consiguiente, un incrementaría de los precios”.

Ni les gusta que se haya excluido de la Ley de Arrendamientos Urbanos a la vivienda turística para su regulación por las Comunidades Autónomas, por estima que no simplifica la normativa ni aporta claridad al mercado.

Desde Asprima abogan por “reforzar la seguridad jurídica y regulatoria del sector, que garantice un equilibrio contractual real entre el inquilino y el arrendatario”. Y cree que “la claridad y, sobretodo, la sostenibilidad en el tiempo de las regulaciones son dos condiciones fundamentales para conseguir que ambas partes, arrendatario y arrendador, se beneficien de su acuerdo contractual”. Algo que consideran no hace el nuevo decreto que “contiene una gran cantidad de restricciones que, en última instancia, podrían hacer tambalear el equilibrio entre las partes”.

“Desconfianza inversora”

Otra crítica que hacen los promotores al nuevo decreto sobre alquiler es que “puede conllevar un aumento en la desconfianza inversora”. Y afirman que” si la intención del Ejecutivo es reducir el papel de los fondos de inversión en el sector inmobiliario español, cabe recordar que la cuota de mercado de estas es muy reducida, en concreto, del 3%”.

Con este escenario, Asprima ve indispensable ajustar las diferentes medidas en materia de alquiler con el objetivo de conseguir el mayor beneficio para la sociedad, pero legislando desde la vía parlamentaria y contando con el consenso de todos los actores implicados.

Para los promotores “la solución no pasa por un mayor intervencionismo, sino por desarrollar políticas que contribuyan a aumentar la oferta para lo que es fundamental una seguridad jurídica real en el sector. Y concluye que “i miramos a Europa tenemos un mercado con mucha más oferta de vivienda en alquiler por parte de la Administración y del sector privado junto con una regulación más equilibrada entre arrendatario y arrendador”.

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