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Luces y sombras del nuevo decreto de alquiler: una norma positiva pero que se queda corta

Manifestación por la vivienda.
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Manifestación por la vivienda. (Foto: PAH)

Portales y agencias se quejan de inseguridad jurídica y falta incentivos fiscales, mientras el Sindicato de Inquilinos cree que sin regular los precios no se pinchará la ‘burbuja’.

sábado 02 de marzo de 2019, 10:00h

Si algo puede decirse el nuevo decreto del alquiler que aprobó ayer el Consejo de Ministros, deprisa y corriendo, es que tiene medidas positivas pero no convence a nadie.

A favor de la nueva normativa, portales inmobiliarios- como fotocasa y pisos.com - y agencias -como Alfa Inmobiliaria- argumentan que trata de dotar de mayor transparencia al mercado y otorga una mayor protección del inquilino (con contratos más largos y limitando las fianzas de las que se estaba abusando como consecuencia de la fuerte subida de precios). Y como puntos flacos del decreto dicen, sobre todo, echar en falta incentivos fiscales a los caseros que animen a los propietarios a poner sus viviendas en arrendamiento y una mayor apuesta por la vivienda social que aumente la oferta en alquiler.

En este sentido, Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, lamenta que finalmente no se haya incluido la bonificación fiscal de hasta el 80% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios que alquilaran sus viviendas por debajo de los índices de referencia, tal y como se había filtrado en los últimos días. “Para mejorar la oferta de vivienda en alquiler y a precios asequibles necesitamos incentivos fiscales y ahora apenas existen”, añade.

Además, la representante de Fotocasa “celebra” que como novedad respecto al decreto anterior, se establezca la creación de aquí a ocho meses de un índice de precios estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda. “Toda medida que favorezca la transparencia del sector es bienvenida. Este índice dotará al mercado de más información y complementará -no sustituirá- a la que aportamos los portales inmobiliarios, como ya ocurre en el mercado de la compraventa donde coexisten diferentes estadísticas oficiales (Ministerio de Fomento, INE) y privadas”, explica Beatriz Toribio.

Fernando Encinar, jefe de Estudios de Idealista, también cree que el nuevo índice aportará transparencia al mercado pero muestra más reticencias: “Nos preocupa que pueda usarse para establecer límites al libre mercado. Lo hemos vivido ya en España en los años 70 y más recientemente en Berlín, donde el control de precios no moderó el alquiler sino que lo ha disparado a niveles muy preocupantes”.

Y es que Idealista es el portal inmobiliario que se muestra más crítico con el decreto. Encinar opina que “el nuevo intento del Gobierno por regular el alquiler cae en el mismo error de base que el Real Decreto aprobado en diciembre, que recordemos que fue tumbado por el Congreso de los Diputados: en vez de aprobar medidas eficaces que busquen el aumento significativo de la oferta para moderar los precios, se mete a regular lo que tienen que hacer los propietarios”. Y avisa que muchos de estos propietarios “pueden verse tentados a sacar sus viviendas del alquiler y esto es justo lo contrario de lo que persigue el Real Decreto. La discriminación de los propietarios pueden reducir la oferta y aumentar los precios”.

Además, el representante de Idealista es el más pesimista a la hora de valorar las consecuencias de la normativa aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ya que considera el nuevo RD, si finalmente es aprobado por la Diputación Permanente del Congreso, “discriminará entre inquilinos con una saneada posición económica y laboral y los que no”. “A partir de ahora, muchos inquilinos lo tendrán más difícil a la hora de encontrar una casa en alquiler: menores de 30 años y mayores de 65, familias en riesgo de exclusión social, trabajadores con contratos temporales, familias monoparentales, autónomos, mileuristas…, opina Encinar, quien considera que como “los propietarios van a ser mucho más exigentes con el perfil del inquilino y con la regulación aprobada por el Gobierno y Podemos, habrá miles de inquilinos a los que les costará encontrar una casa en alquiler”.

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, no hace augurios tan negros, pero si advierte que “este nuevo cambio añade aún más excepcionalidad a la situación anterior, donde existía una legalidad para la mayoría de contratos de alquiler y otra para los que se firmaron durante los 35 días en los que el primer decreto ley estuvo en vigor”. “Otra nueva legalidad diferente no ayuda a crear seguridad jurídica necesaria para la estabilidad del mercado de alquiler en España”, avisa el portavoz de este portal inmobiliario.

Mientras, Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria, lo que critica es que no se haya abordad la mejor forma de aumentar la oferta y contener que tiene la Administracion: promover vivienda pública para ponerla en alquiler.

¿Pagos en negro?

Que aumenten los pagos en negro es otra sombra que se cierne sobre el mercado del alquiler a raíz del nuevo decreto, por lo menos en opinión de Antonio Gallardo, experto financiero en iAhorro.com, quien que teme que los propietarios quieran burlar así el tope establecido por el Gobierno, que fija que precio de los alquileres que ya estén firmados sólo pueda subir lo que el IPC cada año de duración del contrato.

“El decreto recoge que cuando no haya pacto entre las partes para la actualización anual de la renta, el incremento producido como consecuencia de la actualización no podrá exceder la variación del último IPC publicado en la fecha de revisión. Esta medida podría incentivar el mercado negro en el alquiler”, señala el representante de iahorro.com.

“Que los caseros pidan dinero negro es algo que la Ley no puede limitar, incluso puede agravar al poner precios topes. No veo que este cambio en la subida pueda suponer una modificación sustancial. Por ejemplo, ahora en los contratos posteriores al 1 de abril de 2015 también se podían subir de acuerdo con el Índice de Garantía de Competitividad que publica el INE periódicamente. La única diferencia es que este índice tiene un mínimo del 0% (nunca podrán bajar los precios), y el tipo máximo es del 2% y si se sube ahora de acuerdo el IPC si este es negativo puede que en años no se aplique pero también puede ser que algún ejercicio esté por encima del 2%. Creo que limitar al IPC genera incertidumbre más que beneficiar al consumidor”, explica Antonio Gallardo.

Sin regulación de precios

Estos son algunos de los recelos de los expertos inmobiliarios, pero ¿qué opina el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos?”, pues que el decreto “sigue quedándose a medio gas a pesar de las mejoras respecto al anterior”.

El colectivo que más se ha movilizado en favor de la intervención del mercado de alquiler y de medidas para hacer frente a los desahucios sin alternativa habitacional que está provocando el alza desorbitada de los precios echa en falta “la regulación de precios”, medida que creen imprescindible para pinchar la denominada ‘burbuja de los alquileres.

Estos activistas por el derecho a la vivienda recuerdan que la parte positiva de este nuevo decreto es que se mantiene la ampliación de los contratos -a 5 años en propietarios particulares y a 7 en grandes propietarios de vivienda- y también que se frenan “las subidas abusivas año a año, una puerta a la especulación que el anterior decreto dejaba abierta y que ahora se cierra con subidas anuales indexadas al IPC”.

Estiman desde este colectivo que es “un pequeño avance, pero ineficaz contra la burbuja, ya que el nuevo decreto “no regula los precios abusivos iniciales a los que estamos sometidas en los contratos actuales, ni en los que vendrán, ni en la renovación de estos”. Y opinan que “la única medida para frenar la especulación y pinchar la burbuja sería una regulación de precios a través de índices de tipo municipal que tengan en cuenta el coste de la vida y no los intereses especulativos del mercado”, ya que considera que los índices estatales y autonómicos” si algo han demostrado hasta hoy es su total ineficacia”.

Desahucios

También consideran insuficientes las medidas contra los desahucios sin alternativa habitacional y medidas para ampliar el parque público de vivienda. Denuncian que “obligar a los jueces a notificar la situación de las familias a Servicios Sociales, o dar un mes de gracia en caso de propietarios físicos y tres meses de gracia en caso de propietarios jurídicos, no garantiza en absoluto ni la paralización del desahucio ni el realojo una vez ejecutado”.

Ana M. Pastor

Convencida de que “la información es poder” pero no para los periodistas sino para todos los mortales, he convertido la manía de escribir noticias en mi modo de vida y de pagar facturas. “Peleada” con los números y la economía, me centro en la información nacional y de Madrid, esa que llaman “local” pero que es la que puede resultar más útil por ser la más cercana. Los problemas sociales, laborales y vecinales son mi pan de cada día. Con un objetivo: dar “cancha” a las minorías.

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