La legislatura se agota en el Congreso de los Diputados. Y así son consciente más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos que han lanzado un mensaje “urgente” al Gobierno de Pedro Sánchez: “Que se apruebe el reglamento que garantice una sanidad plenamente universal”.
La Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012 (REDER) junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal han remitido una carta a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, recordando que dé un paso al frente en el Consejo de Ministros de este viernes.
Los colectivos han reclamado la aprobación del Reglamento del Real Decreto Ley 7/2018 al apuntar que es una norma “necesaria” para que todas las personas que se encuentren en el país puedan acceder al Sistema Nacional de salud “en las mismas condiciones”.
“La ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes”, han advertido en un comunicado conjunto.
En este sentido, las organizaciones han relatado que el anuncio de la recuperación de la sanidad universal fue un “paso importante”, aunque se quedó cojo. Según han aseverado, “fue insuficiente” ante las “importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria” ya que las recomendaciones hechas a las CCAA “no son de obligado cumplimiento”.
Sin embargo, el escenario podría empeorar, según los firmantes. “La inminente disolución de las Cortes aboca a la paralización del trámite del Proyecto de Ley”, han alertado. Algo que, a su entender, estaría poniendo “en riesgo la consolidación de la sanidad universal de la que el Gobierno ha hecho bandera”.
De esta manera, las organizaciones han instado a Carcedo a que aborde “urgentemente” un reglamento que garantice la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata.
Asimismo, la norma, según se ha pedido, debería incluir el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores que han llegado a España por un proceso legal de reagrupación familiar, así como que se exija el empadronamiento como prueba de que la persona vive en España ante la “dificultado que entraña para muchas personas”.
“Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva política sanitaria defendida por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas de avanzada edad y que necesitan tratamiento”, han concluido los colectivos.
