El real decreto ley sobre alquileres tumbado a finales hace unas semanas en el Congreso no habría evitado el desahucio de cuatro familias este viernes en la calle Argumosa del madrileño barrio de Lavapiés. El texto presentado por Fomento incluía una suspensión de hasta un máximo de dos meses de suspensión del procedimiento, pero para algunos de los desalojados el de hoy era el séptimo señalamiento, como para Pepi.
“Queremos lamentar que la palabra desahucio vuelva a ser una dolorosa realidad en nuestro país”, ha afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, al inicio de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde se ha hecho eco del desahucios en Lavapiés. “La Justicia ha actuado y la Policía ha cumplido su deber, pero la política no ha llegado a tiempo para evitar este nuevo drama que afecta a personas humildes, a gente que espera de nosotros una respuesta ante los recortes”, ha lamentado.
Según la también ministra de Educación, el real decreto ley sobre alquileres del Ejecutivo hubiera “hecho imposible seguramente imágenes y realidades como las que hoy se han vuelto a repetir”. Tal y como ha explicado, “entre las medidas figuraba la de hacer obligatoria la comunicación al ciudadano con suficiente antelación y la obligatoriedad de pedir a servicios sociales un informe sobre invulnerabilidad social”. Pero no salió adelante.
Celaá ha recriminado a los grupos de la oposición, en especial a Podemos, aunque sin citarlo, que votara junto a PP, Ciudadanos y ERC contra esta iniciativa en su trámite parlamentario. Lo que hizo que no saliera adelante. “Medidas como esta”, ha señalado la portavoz del Gobierno, “hubieran dado mucha más seguridad jurídica a los afectados por los desahucios y posiblemente hubieran permitido una solución antes de verse expulsados de sus hogares”.
Sin embargo, la realidad parece ser otra. Los procedimientos de lanzamiento de estas cuatro familias de Argumosa 11 acumulan muchos meses, incluso años, a sus espaldas y este real decreto ley, que finalmente no convalidó el Congreso de los Diputados, estableccía la suspensión del procedimiento “por un plazo de uno, o de dos meses cuando el demandante sea persona jurídica”. En concreto, según recoge el BOE, dice lo siguiente:
“Por su parte, el título III incorpora una modificación del procedimiento de desahucio de vivienda cuando afecte a hogares vulnerables, estableciendo que la determinación de la situación de vulnerabilidad producirá la suspensión del procedimiento hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas por un plazo máximo de un mes, o de dos meses cuando el demandante sea persona jurídica. De esta forma se clarifica el procedimiento, introduciendo mayor seguridad jurídica y medidas específicas para atender a aquellas situaciones que demanden una mayor protección social”.
