Con casi tres años de retraso, y tres ministros de Economía mediante, el Pleno del Congreso podría dar este jueves ‘luz verde’ definitiva a la nueva ley hipotecaria; un último trámite en el que todavía quedan flecos por cortar, ya que la cámara baja deberá decidir si da o no más plazo a las entidades financieras para adaptarse a su aplicación.
Según recoge Europa Press, la reforma hipotecaria salió del Congreso fijando un plazo de 30 días para que las entidades financieras se adaptasen, pero el Senado lo elevó a tres meses y ése es uno de los cambios sobre los que el Pleno tendrá que pronunciarse en la votación de este martes.
La enmienda supedita la entrada en vigor de todo lo referido a transparencia material a la aprobación de un desarrollo reglamentario que especifique los medios para remitir la documentación necesaria al notario. De esta forma, si en tres meses desde su publicación no hubiera tal reglamento, no entrarían en vigor las normas de transparencia aprobadas en la nueva ley, entre ellas el nuevo reparto de los gastos que corresponde a cada parte.
Esta enmienda, que aplaza dos meses más la entrada en vigor del resto de la ley, fue introducida a propuesta de PP y Ciudadanos, pero no es el único cambio que el Congreso deberá examinar en el Pleno previsto para el próximo jueves, último trámite parlamentario de la ley antes de su aprobación definitiva.
Según señala la agencia, los populares también han aprovechado el paso del Senado por la norma para introducir algunos de los cambios que no pudo hacer en el Congreso, como dejar en cero el tipo impositivo del IAJD, el conocido como impuesto hipotecario, y la regulación de un ‘crédito verde’ para fomentar las inversiones de eficiencia energética y la utilización de energía renovable en edificios
Otra de las modificaciones introducidas en la Cámara Alta fue encarecer la devolución anticipada de parte o toda una hipoteca concedida a tipo fijo. Estas comisiones por reembolso anticipado se fijaron en un máximo del 2% en los diez primeros años de vigencia y de un 1,5% a partir de entonces. Con su mayoría absoluta, el PP optó por duplicar estas comisiones, fijándolas en el 4% y en el 3% para ambos casos, respectivamente, tal y como reflejaba el primer proyecto de ley presentado.
Por otro lado, a propuesta del PP y de Ciudadanos el Senado sustituyó la obligación de que las pólizas de seguro ofrecidas en una hipoteca sean de carácter anual renovable por la obligación de que el prestamista ofrezca la posibilidad de contratar pólizas de carácter temporal, lo que permitiría al cliente elegir entre seguros de prima única o periódica.
Finalmente, a propuesta del PSOE, el Senado ha modificado el carácter retroactivo de la ley en lo que respecta a aquellas hipotecas con cláusulas de vencimiento anticipado, ya que en un principio se fijó que se aplicaran las nuevas condiciones de ejecución del crédito (paso previo a un desahucio) salvo que en el contrato se establecieran condiciones más favorables para el deudor. Con el cambio, el Senado apuesta por dejar al criterio del deudor qué régimen le resulta más favorable.
Antes del 21 de marzo de 2016 debería haber entrado en vigor una ley hipotecaria que transpusiera la directiva europea, pero en el caso de España su aprobación se vio entorpecida primero por las dificultades de formar gobierno y la repetición de las elecciones generales; y posteriormente por la dificultad de aunar puntos de vista en un tema tan sensible. Desde noviembre de 2017 pende sobre España la amenaza de una multa de 105.000 euros diarios si no se aprueba el texto.
