La plantilla de los laboratorios de análisis clínicos se ha plantado contra la Comunidad de Madrid. Ya lo hizo hace meses. Pero ahora la oposición se ha intensificado tras el paso firme de la Consejería de Sanidad de mantener la privatización del servicio que se ofrece a los conocidos como nuevos ‘hospitales de Aguirre’.
“A la Comunidad de Madrid no le interesa la calidad del servicio con los pliegos que ha sacado”, resumen los trabajadores a EL BOLETÍN. Y ahí está el conflicto. Sin embargo, los profesionales no se han quedado en el análisis o la queja. Han decidido ir más allá. Y lo primero que hicieron es juntar dinero, “hacer una colecta”.
Acto seguido, contrataron un bufete de abogados para redactar un recurso contra estos pliegos que mantendrían la externalización del servicio para los próximos cuatro años Un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y que ya ha echado a andar.
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“Confiamos en que dé sus frutos”, aseguran desde la plantilla a este medio. Y son dos los argumentos en los que se agarran los profesionales.
El primero de ellos es que el Gobierno de Ángel Garrido no ha justificado por medio de un estudio económico o con argumentos reales que el servicio necesite ser externalizado. Más basándose en que la nueva ley de contratación advierte de “que no se pueden celebrar contratos públicos si no se acredita su necesidad e idoneidad”.
En este caso, a juicio de los abogados y de la plantilla, “esto no ha ocurrido” aunque la Consejería de Sanidad haya intentado maquillarlo sin compromisos “efectivos y reales”. El recurso censura la “escasez e inconcreción de los documentos esenciales de preparación del contrato” o los múltiples errores de la Administración a la hora de calificar el contrato en sí.
El Estatuto de los Trabajadores, arma a favor de la subrogación
No obstante el punto fuerte del bufete de abogados se ha centrado en que se estaría ante una “sucesión de empresa”. Así lo identifican sus propios trabajadores al ver que “se mantendría la misma actividad y la misma ubicación”.
¿Pero qué supone este concepto de “sucesión de empresa”? Hay que partir de la base de que la Comunidad de Madrid no obliga a la subrogación (según los trabajadores porque la nueva ley de contratación no lo exige siempre y cuando no se incluya en el convenio del sector, escenario que no se da en este caso).
Aun así, el clavo al que se agarra el recurso es que en los pliegos de la externalización se incide en que la empresa que se quede con el personal que considere (se premia con 10 puntos de 100 a quien ofrezca un mayor porcentaje de puestos mantenidos) tiene que cumplir con el artículo 44 del Estatuto del Trabajador.
Es en ese artículo donde la plantilla y el recurso mantienen la esperanza. “Si la actividad transmitida se mantiene y, por tanto, hay una sucesión de empresas resultando aplicable el artículo 44 ET, con lo que ello supone”, se apunta en el recurso. Esto significa que se debe obligar a la subrogación de la plantilla.
“Queda claro que existe una obligación legal para el nuevo adjudicatario de subrogarse en la posición de empleador de los trabajadores del servicio de laboratorio según dispone el art. 44 del ET”, concluye el bufete de abogados.
De esta manera, la Consejería de Sanidad estaría no justificando por qué mantiene la privatización, ni obligando a la subrogación pese a saltarse el Estatuto del Trabajador. Por ello, el recurso exige la “nulidad” del procedimiento ante “una manifiesta infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato”.
“En diez años hemos levantado un laboratorio de la nada y nos infravaloran injustamente”
En realidad, la batalla no ha hecho más que comenzar aunque la plantilla ya ve los posibles escenarios que se pueden derivar. Si el procedimiento sigue adelante, los trabajadores apuestan porque va a haber “recortes” ante el presupuesto más bajo que ha puesto sobre la mesa la Comunidad de Madrid en comparación con hace diez años.
“En diez años hemos levantado un laboratorio de la nada y nos infravaloran injustamente”, lamentan los profesionales que sospechan que dentro de cuatro años volverá a repetirse esta misma situación.
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Y más al ver que el precio cuenta con un peso importante entre los criterios de adjudicación: “La gente está muy preocupada por la subasta. Llevamos 10 años de trabajo y se ha convertido esto en un mercadillo. A lo mejor nos subrogan a algunos al principio y cuando la empresa vea que no le da el dinero, porque no da, pues esto se ha acabado”.
Mientras, los profesionales reprochan la dejación de funciones de la Consejería de Sanidad. No solo ignorándoles durante “dos años” que han estado solicitando una reunión, sino en el control del servicio por parte de la empresa actual.
Un servicio ‘olvidado’ para la Comunidad de Madrid
“¿Dónde está el control de calidad cuando la compañía se lleva fuera de Madrid cualquier prueba compleja a sus propios laboratorios para así no tener que comprar aparatos? Algo que está prohibido”, se preguntan. Y encuentran explicación: “¿Quién va a querer invertir para irse a los cuatro años?”.
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Así, los trabajadores desearían que como sucedió con el anillo radiológico de estos nuevos ‘hospitales de Aguirre’ el servicio lo asumiera una empresa pública, aunque los trabajadores no sean parte del Servicio Madrileño de Salud.
Pero el Ejecutivo autonómico insiste en que los análisis clínicos sigan en manos privadas. Por lo tanto, la alternativa pasa por luchar los pliegos como están haciendo.
“¿Unos pliegos ideales? Pues que no nos subasten, que se quede toda la plantilla, que el contrato sea de más años para dar estabilidad y que los criterios de calidad sean mayor que los económicos”, concluyen desde una plantilla que planta batalla.
