La Abogacía General de la Comunidad de Madrid defiende en un informe que los responsables del fracaso del Campus de la Justicia deben “restituir y reparar el daño económico ocasionado y la indemnización de los perjuicios causados”. En ese documento, del que informa hoy la Cadena SER, los letrados argumentan que “la Comunidad de Madrid debe reclamar por el menoscabo ocasionado, por el perjuicio patrimonial que ha sufrido, con pérdidas económicas derivadas de las actividades no fiscalizadas”.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga desde el pasado mes de septiembre el Campus de la Justicia de Esperanza Aguirre, el fallido proyecto para agrupar las sedes judiciales madrileñas que nunca funcionó. Y lo hace a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por un conjunto de supuestas irregularidades, incluido un agujero de unos 80 millones de euros.
Ahora, y según la emisora de Prisa, el letrado Jefe Civil y Penal, Diego García Paz corrobora en su escrito que “ha quedado acreditado de modo objetivo que la gestión del Campus de la Justicia ha sido realizada de forma irregular en términos generales, las anomalías detectadas apuntan a un incumplimiento sistemático de los principios y normas esenciales de la contratación pública, suponiendo un quebrantamiento objetivo de la legislación administrativa y mercantil, como por ejemplo, discrepancias entre la contabilidad real y la de la sociedad”, también destaca “la ausencia de documentos contractuales que justifiquen las relaciones de trabajo de y de cobro, existencia de conflicto de intereses”.
La Abogacía General no es capaz de “cuantificar el dinero” que deben reclamar, pero insta al Presidente madrileño, Ángel Garrido a reclamar la devolución de expolio al equipo de gobierno la expresidenta, Esperanza Aguirre, cuyo legado reivindican ahora los candidatos del PP, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. La Comunidad de Madrid, siguiendo los consejos de sus propios abogados se ha personado en la causa como acusación particular “por su condición de perjudicada, porque la Comunidad de Madrid fue la accionista de la sociedad y quien desembolsó el dinero”, aconsejaron los letrados.
En su informe, la Abogacía General habla abiertamente de “actividades ilegales”, que han sido “amparadas en la falta de documentación y la inexistencia de una actividad fiscalizadora permanente”. Ponen varios ejemplos de ese descontrol. “Resultan llamativos los casos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial, que sin tener una sola piedra colocada, generaron unos costes de casi 19 millones de euros”. Pero hay más. A la Abogacía General le sorprende la facturación de los empleados de esa sociedad. “La nómina mensual media de la mercantil es de 5.000 euros. Son muy superiores a los establecidos para el personal al servicio de las administraciones públicas”, y no solo eso, “resulta sorprendente que el incremento de los salarios se da durante el ejercicio 2008, que es cuando la actividad del proyecto de la mercantil comienza a paralizarse”.
El proyecto megalómano del Campus de la Justicia ha estado trufado de casos inexplicables. Por ejemplo, “a un trabajador [de la sociedad], varios meses después de su despido, se le pagó un máster MSA realizado un año antes, por 37.000 euros”. Por si fuera poco, en 2008, un fotógrafo empezó a cobrar un sueldo de 3.500 euros mensuales “sin que exista ningún tipo de justificación sobre la efectividad de los servicios prestados a la sociedad”, de hecho, los letrados apuntan en su informe que “no se ha localizado ningún contrato de aquellos trabajos”.
