Los activistas por el derecho a la vivienda en Cataluña han marcado el mes de febrero en rojo en el calendario ya que por fin han recuperado una de sus herramientas más importante: la ley 24/2015, conocida como ley catalana contra los desahucios, una norma que obligará los bancos o grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las personas en riesgo de exclusión que vayan a ser desahuciadas de su domicilio y que permitirá la expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de bancos o grandes corporaciones para dedicarlas a alquiler público.
La ley 24/2015 es una ley con medidas de emergencia habitacional impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC), a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 150.000 firmas pero que fue recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy y que por tanto no pudo ser aplicada. El Ejecutivo de Pedro Sánchez retiró los recursos y el TC, con fecha 31 de enero, ya ha notificado al gobierno central y a la Generalitat que acepta dicho desistimiento.
Desde la PAH esperan a la publicación de la norma en el BOE para su plena vigencia. “Una publicación que consideran debería ser urgente, teniendo en cuenta la importancia social de su aplicación inmediata” pero paralelamente inician un proceso de movilizaciones para que mientras la ley entra en vigor se paralicen todos los desahucios de familias vulnerables, unas movilizaciones que comenzarán el próximo 20 de febrero, con concentraciones ante ante los juzgados y los ayuntamientos.
Consideran que con esta ley en la mano “las listas de espera en las mesas de emergencia tienen que acabar porque la falta de vivienda ya no puede ser una excusa”, por lo que van a vigilar que la ley se cumpla en su totalidad y que, en caso contrario, se impongan las sanciones correspondientes.
Por ello, los promotores de esta ILP, ahora recuperada, exigen que la Generalitat y ayuntamientos destinen el máximo de recursos y esfuerzos para que se aplique plenamente la ley, para realojar y para movilizar vivienda.
Estos colectivos reclaman al Gobierno catalán que active inmediatamente los mecanismos para la cesión obligatoria de viviendas por parte de los bancos y grandes tenedores, y piden a los Consistorios que apliquen desde ya los mecanismos para identificar los pisos vacíos y notifiquen a los grandes tenedores la obligación de cederlos. Recordando que deberán sancionar a quien incumplan la normativa.
