España carece de legislación para proteger a los ciudadanos que denuncian corrupción, fraude, evasión de impuestos o de lavado de dinero y violación de las leyes por parte de las empresas en las que trabajan o por parte de la Administración, ya que la propuesta de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, “continúa empantanada” en el Congreso de los Diputados.
Para que esto cambie y seguir presionando los parlamentarios españoles y comunitarios, los Verdes Europeos, de los que forma parte Equo, ha lanzado la campaña #TruthNeedsFriends, en la que un grupo de niños recuerdan lo importante que es es que alguien diga la verdad y que no sea castigado –despedido o represaliado- por ello.
Destacan desde Equo que los gobiernos europeos lograron ponerse de acuerdo sobre su posición en el Consejo Europeo, lo que ahora significa que las negociaciones a tres bandas entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento están en marcha. El objetivo es concluir las negociaciones a mediados de marzo para que se pueda aprobar toda la Directiva antes de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019.
Una situación que difiere de la de España que es “el único país de los 37 de la OCDE que no tiene prevista ninguna protección específica para sus denunciantes de corrupción ni mediante una ley propia, ni en el articulado de otras normas, aunque a “algunas CCAA, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Baleares y Navarra, sí han iniciado los trámites para establecer este tipo de medidas”, informan desde Equo que explica que la última autonomía en sumarse para establecer este tipo de medidas ha sido Euskadi, donde desde la coalición a la pertenece Equo Berdeak (Elkarrekin Podemos) se presentó la iniciativa hace un par de semanas. Incluso la Fiscalía ha puesto de manifiesto la necesidad de adecuar la ley para reforzar la protección de los denunciantes de corrupción.
