El Ministerio de Fomento, que dirigía Francisco Álvarez Cascos durante el segundo Gobierno de José María Aznar, ignoró un informe jurídico de Renfe que reclamaba romper el contrato para la Operación Chamartín con Distrito Castellana Norte, la empresa privada formada por BBVA y la constructora San José, que tiene la concesión de los terrenos desde 1994, según informa eldiario.es.
Según el citado digital en el documento que está fechado el 25 de junio de 2001 se alerta de un “grave perjuicio a los intereses públicos”, se detallan una larga serie de “graves incumplimientos” por parte del banco y la constructora y se plantea romper el contrato y volver a sacar la concesión a concurso como mejor fórmula para “preservar los intereses públicos”.
El digital que dirige Ignacio Escolar asegura en el informe –que lleva el sello de ‘Renfe – Gerencia del Proyecto de Chamartín- fue elaborado “a petición de la Dirección General de Infraestructuras de Renfe” y en él se afirma que “Renfe ya ha hecho llegar a la Secretaría de Estado del Ministerio de Fomento su voluntad fundada de resolver la relación concesional”, es decir, la decisión de cancelar el contrato de la Operación Chamartín. Pero el dictamen y sus conclusiones fueron ignoradas por el Ministerio de Fomento, y “apenas un año después de este dictamen jurídico, en septiembre de 2002, Renfe firmó un nuevo contrato con condiciones aún más beneficiosas para el banco y la constructora” según eldiario.es.
El medio online explica que el informe jurídico de 2001 consta de 71 páginas y en ellas se detalla una serie de incumplimientos del concurso inicial por parte del consorcio DUCH –formado por BBVA y la constructora San José y que años después cambió su nombre a DCN, Distrito Castellana Norte–. Entre otros, no se había presentado el plan de actuación y ordenación del territorio, imprescindible para poner en marcha el proyecto, no se iba a cumplir con el compromiso de construir un edificio de oficinas para Renfe en el plazo establecido, no se había avanzado en la resolución del conflicto con los antiguos propietarios de los terrenos, tampoco se había contratado a un auditor externo y DCN ni siquiera se había constituido como una empresa con una única razón social, es decir sin otra actividad que la Operación Chamartín, tal y como establecía el contrato inicial.
Por estas y otras razones, Renfe defendía que había que rescindir el contrato y volver a sacarlo a concurso público para que otras empresas presentaran sus ofertas y desbloquear así una situación que estaba causando un “grave perjuicio a los intereses públicos”.
Para Renfe, además, el acuerdo con la empresa privada no había alcanzado “los fines públicos que se perseguían” y que detalla el informe: “la integración urbana de los espacios ferroviarios del recinto de Chamartín primero, y Fuencarral después, en la ciudad de Madrid” y «la generación de recursos suficientes” para mejorar la estación y otras infraestructuras ferroviarias. El dictamen de los servicios jurídicos también destaca “un alto grado de insatisfacción», por parte de Renfe, «por el incumplimiento de los objetivos y los compromisos adquiridos por la mercantil adjudicataria”.
Eldiario.es asegura que en 2001, Renfe ya alertaba en este informe de que el desarrollo urbanístico prometido que llevaba entonces siete años bloqueado, lo iba a estar mucho tiempo más si se mantenía el contrato sin sacarlo de nuevo a concurso. La entidad pública advertía además de «las nulas consecuencias económicas o de otro tipo» que para la empresa privada suponía esta paralización, ya que no existía ninguna obligación específica en los contratos que tuviera en cuenta esta situación de parálisis más allá de romper la concesión.
Ante semejante situación de parálisis, Renfe concluía en ese informe que lo que estaba pasando en los terrenos de la Operación Chamartín era una “acaparación o inmovilización indefinida y gratuita de dos millones de metros cuadrados de suelo urbano en una de las zonas de mayor valor potencial de Madrid”.
Además, siempre según el diario.es, la entidad pública se quejaba de que había asumido “todos los riesgos y los perjuicios económicos” mientras que DCN había optimizado «sus beneficios» y minimizado, “aún más si cabe, los riesgos asumidos en su oferta, actuando en el mercado como un mero “detentador de suelo”.
