Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y del grupo Marsans, ha vuelto a alcanzar un acuerdo que le evita volver a la cárcel. En esta ocasión con la Fiscalía de Madrid que rebaja su petición de pena de cinco años a 10 meses de prisión por presunta apropiación indebida en la venta de pasajes de Eurolíneas Marítimas (Baleària), un acuerdo por el que el expresidente de la patronal evitaría regresar a un centro penitenciario.
El acuerdo, sin embargo, no se ha firmado aún, ya que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, la encargada de dirigir la vista oral, ha suspendido el juicio previsto para esta mañana al no haber ratificado Baleària, acusación particular que interpuso la querella inicial en 2010, su desestimiento en el caso, han informado fuentes jurídicas.
Aún así, y según informa Europa Press, expresidente de la patronal, que se encuentra en régimen de semilibertad, aceptará los 10 meses de prisión e inhabilitación, que ahora pide la Fiscalía. Asimismo deberá indemnizar Eurolíneas Marítimas con 226.119 euros, cantidad que supuestamente fue detraída, relativa al importe de los billetes; además de otros 12.911 euros por los gastos de devolución de los pagarés.
No es su primer pacto
No es la primera vez que el empresario elude regresar a la cárcel por medio de un pacto con la fiscalía para rebajar su condena. La última, el pasado 9 de enero cuando Díaz Ferrán alcanzó un acuerdo con Anticorrupción en el caso Mar Blau (que investigaba contrataciones públicas irregulares en el sector náutico en 2002) por el que el presidente de la patronal, que se enfrentaba a una pena de tres años y medio, fue sólo multado y condenado a pagar 2.640 euros.
Díaz Ferrán fue condenado en septiembre de 2015 a cinco años y medio de cárcel por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal por el ‘caso Marsans’. También a dos años y dos meses de prisión por fraude a Hacienda en la compra de Aerolíneas Argentinas, y a otros dos años por apropiación indebida de 4,4 millones de euros de clientes del grupo turístico. Idéntica pena a la que le impuso la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el escándalo de las tarjetas «black» de Caja Madrid.
Sin embargo, en enero de 2018, la Audiencia Nacional adelantó su excarcelación después de que cumpliera en la cárcel madrileña de Soto del Real cinco de los diez años de prisión a los que fue condenado, ante su “excelente” comportamiento, su avanzada edad, tiene 76 años y los problemas de salud que padece.
