Las elecciones y la equiparación salarial de policías ‘disparan’ el presupuesto de Interior

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Las elecciones y la equiparación salarial de policías ‘disparan’ el presupuesto de Interior

El Gobierno aumenta en 460 millones de euros el dinero dedicado a la Seguridad Ciudadana.

Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior

La presencia de varios procesos electorales en el horizonte de 2019, así como la equiparación salarial de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suponen un aumento considerable en el presupuesto dedicado al Ministerio del Interior y la Seguridad Ciudadana.

Según informó este lunes el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la política de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias se ha dotado en los Presupuestos con créditos por importe de 8.879 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5% respecto al 2018.

En términos absolutos ese aumento es de 461 millones de euros, de los cuales más de la mitad (250 millones) nacen del proceso de equiparación salarial que prevé igualar las retribuciones de todas las policías del Estado.

“Se ha dotado un incremento significativo en los créditos de este área con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, impulsar su modernización, garantizar la reposición de efectivos a través de la ofertas de empleo público y avanzar en el proceso de su equiparación retributiva con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan idénticas funciones en sus ámbitos territoriales”, justifica el Ejecutivo en el ‘libro amarillo’.

Los ejes de actuación del Ministerio del Interior durante el 2019 serán, asegura, además de las dos mencionadas, la atención integral a las víctimas de terrorismo, el intercambio de información para la lucha contra el crimen, la necesidad de garantizar la seguridad de los grupos especialmente vulnerables de nuestra sociedad, como son mujeres, niños y personas mayores, disuasión y control de los agresores, impulsar una regulación garantista de la inmigración irregular y apostar por la reeducación y la reinserción en la administración penitenciaria.

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