El ‘boom’ de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario- más conocidas como socimis– se está dejando notar para mal en las arcas del Estado. En concreto, los beneficios fiscales de los que disfrutan estas sociedades supondrán que España deje de recaudar este año 239 millones de euros, de acuerdo con el ‘Proyecto de Presupuestos de 2019’ que ha presentado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso.
Las socimis, que tributan a tipos reducidos, registran un elevado crecimiento, ya que su beneficio fiscal en 2019 se estima en 239 millones de euros, lo que supone una tasa de variación del 19,9% respecto a 2018, señala el Gobierno, debido a la “notable expansión” que están experimentando dichas sociedades, tanto en su número como en el volumen de sus resultados contables.
La razón hay que encontrarla en la reforma de regulación normativa de estas sociedades que entró en vigor en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, a la que se suma además “una aceleración de su crecimiento en los últimos años, coincidiendo con la mejora del mercado inmobiliario y una mayor demanda de bienes inmuebles en régimen de alquiler”.
La reforma favoreció que las socimis pasasen a tributar en el Impuesto de Sociedades al 0% respecto de las rentas que procedan del desarrollo de su actividad. La ley sí establece una tributación del 19% sobre el importe de los dividendos, siempre y cuando se distribuyan a socios con una participación social igual o superior al 5% y sólo en el caso que dichos socios estén exentos de tributación o lo hagan a un tipo de gravamen inferior al 10%.
Con un capital social de al menos cinco millones de euros, el balance de las socimis debe estar formado al menos en un 80% por activos inmobiliarios destinados al alquiler, que deberán permanecer así durante al menos tres años. Además, están obligadas a repartir como mínimo vía dividendos el 80% del beneficio derivado de la actividad de alquiler.
En ese sentido, y “con el fin de dotar de una mayor liquidez y facilitar la recuperación de las inversiones efectuadas por los accionistas”, el proyecto de presupuestos presentado hoy establece un “gravamen especial por la parte de los beneficios que no sea objeto de distribución”. Aunque el Gobierno no da una cifra de esta medida, que fue pactada con Podemos, el diario Expansión adelantó la semana pasada que la tasa podría ser del 15%.
La magnitud total de los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades se sitúa en los presupuestos de 2019 en 3.461 millones de euros, lo que representa el 9,3% del total presupuestado. Respecto al importe actualizado de 2018 se produce una disminución de 97 millones de euros.
