Cada día cientos de personas intentan cruzar las fronteras de Europa arriesgándolo todo. Cuando alcanzan el ansiado continente, su calvario no hace más que empezar. Les acompaña la inseguridad y la amenaza de ser expulsados de unos estados miembros que en algunos casos recrudecen sus políticas migratorias de deportación.
En la última década, España por ejemplo ha deportado a unas 100.000 personas, pero las cifras han ido descendiendo, pasando de 46.731 personas en 2008 a 20.091 en el año 2015, según el Ministerio de Interior.
Para comprobar sobre el terreno cómo se ejecutan estos procesos, un equipo de científicos de la Universidad de Ámsterdam se ha sumergido desde 2014 en la rutina de las unidades estatales de identificación, arresto, detención y deportación de inmigrantes, y ha interrogado a agentes estatales (policías, jueces, abogados, personal de los centros de detención, oficiales en ministerios, etc.) y de la sociedad civil, como organizaciones sociales locales e internacionales, movimientos comunitarios y organizaciones religiosas.
El proyecto, llamado SOLIDERE (Social Life of Deportation Regimes) y liderado por el antropólogo Barak Kalir, estudia en cinco años un tema poco explorado hasta el momento: los regímenes de migración en países como España, Grecia, Francia, Rumania, Países Bajos, Ecuador e Israel. Su tarea ha estado repleta de obstáculos.
Superar las barreras
“El tema es políticamente muy delicado y el acceso a las prácticas diarias de las unidades de la policía de inmigración, los guardias en los centros de detención, los perseguidores estatales, etc., ha sido difícil en todos los lugares de estudio”, confiesa a Sinc Kalir, consciente del impacto que puede tener este tipo de investigaciones en los países analizados.
Es justamente en España, Francia e Israel donde los científicos encontraron mayores escollos para acceder a las autoridades estatales en el campo de la deportación. “Los países que ejercen estrictos regímenes de deportación, con respecto a la cantidad de detenidos y deportados, también son los que ponen más dificultades para la investigación antropológica en su práctica”, señala Kalir.
La presencia de científicos en estos procesos, incluso en países sin conflictos aparentes, parece ser una traba. “Las violaciones de las reglas y regulaciones, el uso de la violencia o el perfil étnico –especialmente en el delicado campo de la migración y el asilo– pueden generar problemas internos y públicos en su unidad, y esto puede provocar que muchas autoridades estatales rechacen las solicitudes de científicos para investigar su trabajo diario”, aclara el experto.
Pero a esto se añade el hecho de que la mayoría de los investigadores del proyecto de Kalir son mujeres. En el desarrollo de su trabajo, han sido ellas quienes han vivido situaciones personalmente desafiantes. “Sorprendentemente, se han encontrado con el comportamiento sexista de los actores estatales, la intimidación y ciertos incidentes que podrían describirse como acoso”, comenta el antropólogo, quien destaca su profesionalidad ante un entorno “hipermasculinizado”.
Preservar la identidad
Otra mujer, Silvana Mandolessi, profesora de Estudios Culturales en KU Leuven (Bélgica), ha estudiado uno de los casos de desaparición más sonados de México. El 26 de septiembre de 2014, la policía relacionada con el crimen organizado atacó a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero. En total, seis personas fueron asesinadas, 40 heridas y 43 estudiantes desaparecieron, lo que provocó una gran movilización no solo en México, sino en todo el mundo.
Su proyecto, llamado Digital Memories y financiado también por el European Research Council (ERC), pretende ahora investigar el fenómeno de las desapariciones en la ‘guerra contra el Narco’ y el papel que los medios digitales y la sociedad civil global desempeñan en la denuncia y búsqueda de justicia. Para ello, Mandolessi realizó con su equipo entrevistas a miembros de ONG y sociedad civil, académicos, activistas culturales, abogados, periodistas, entre otros.
El trabajo de esta científica no implica solo un riesgo al desplazarse a un lugar peligroso –como en el caso del estado de Guerrero–, sino por el objeto en sí de su investigación, que podría comprometer a los miembros de su equipo y a los participantes. “Los datos son sensibles y los sujetos son vulnerables por el solo hecho de denunciar la violencia. México está entre los países más peligrosos para los Defensores de Derechos Humanos y para periodistas, víctimas de agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias y asesinatos en un número alarmante”, denuncia a Sinc.
Entre las medidas de seguridad empleadas, el equipo de investigación también incluye a las personas involucradas en sus estudios en una entrevista a pie de campo o incluso en un tuit. “Un tuit o un post en una red social no puede anonimizarse, es fácilmente rastreable; en otro tipo de investigación no sería un problema citarlo; en este caso, en cambio, las consecuencias pueden implicar un riesgo que hay que prever”, asevera.
El problema de la identidad es común en las investigaciones. En el proyecto de Barak Kalir, sus entrevistados generaban un riesgo para los inmigrantes o refugiados. Y esto ha supuesto dilemas éticos a los propios investigadores. “A menudo hemos estado expuestos a prácticas que claramente implicaban daños innecesarios a migrantes y refugiados vulnerables y marginados”, cuenta el experto, dividido entre su rol de ciudadano y de investigador, y obligado a mantener el anonimato de sus interlocutores.
A la investigación de Mandolessi en México le ocurre algo similar. Para no brindar una única visión del problema y entender la dinámica completa de la violencia, se debe entrevistar no solo a las víctimas, que ponen en riesgo su vida, sino también a actores que no son accesibles, ya sea por encontrarse en áreas rurales remotas o por ser miembros del crimen organizado o funcionarios del Gobierno.
Mantenerse a salvo
Tanto en contextos de alto nivel de violencia como en guerras civiles, el mayor obstáculo es este acceso a la información, un problema que conoce de sobra la arqueóloga Emma Loosley de la Universidad de Exeter (Reino Unido). El trabajo de Loosley, ahora centrado en la relación entre Siria y Georgia en la Antigüedad tardía, se ha visto muy afectado desde 2011 por la guerra civil siria y otros conflictos diplomáticos.
“El problema obvio es la guerra y el riesgo de ataque por parte de los yihadistas y las fuerzas gubernamentales en ciertas regiones del país”, indica la científica que, bajo recomendación, nunca ha intentado llevar a cabo trabajo de campo en una zona de guerra activa.
“Tengo que tener siempre en cuenta los acontecimientos a gran escala y evaluar con mucho cuidado si el trabajo de campo es viable. Esto significa ser flexible: abandonar y regresar a los proyectos cuando las condiciones me lo permiten”, explica Loosley, que en el pasado ha trabajado en áreas remotas y ha vivido en el desierto sin acceso al email o al teléfono. “Pero nunca intentaría trabajar donde existe un riesgo de secuestro o algo similar”, recalca.
Después de tener que cambiar varios proyectos debido a los acontecimientos geopolíticos en Irán, Georgia, Turquía y Siria, Loosley ha optado por apoyar a los arqueólogos sirios desde la distancia. “Necesitamos que los que conocen el país publiquen todo su material, preferiblemente online, para que los académicos sirios accedan a este material para seguir con su trabajo y planificar futuras estrategias de rehabilitación”, explica.
Pero cuando la investigación requiere la presencia obligatoria del científico en el terreno, existen diferentes maneras de protegerse, salvo en el caso de contextos bélicos. “Todo lo que puedes hacer es tratar de responder a las solicitudes de información, equipo, formación, etc. y confiar en quienes viven en el país para utilizar el conocimiento local y tomar decisiones”, alega la científica.
Evaluar el riesgo
Los científicos deben primero conocer la situación actual del país, informar de su presencia a los organismos estatales pertinentes, prever planes de evacuación de emergencia con conductores conocidos y evitar viajes nocturnos.
“La evaluación del riesgo implica también decidir cuándo estas medidas no son aplicables. Por ejemplo, si se pone a nuestra disposición información criminal nueva, el procedimiento normal sería informar a la policía. Sin embargo, dada la situación en México, es decir, la posible colusión entre el Gobierno y el crimen organizado, el procedimiento normal podría implicar un riesgo para los participantes de la investigación y los sujetos”, revela Silvana Mandolessi.
Ante esto, siguen un protocolo especial: entregan directamente la información a una institución autónoma, como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México.
“Como la seguridad es nuestra primera prioridad, entregaremos la información una vez que finalice la estadía de investigación, nunca durante el curso del trabajo de campo”, concreta la experta, para quien también es esencial la participación de una ONG local que conozca los riesgos y aconseje a los científicos.
Sin duda, uno de los aspectos más importantes es informar a las delegaciones de los países de procedencia o afiliación de los investigadores. En el caso de Mandolessi: la delegación de la Unión Europea en México y la embajada belga. “Los diplomáticos, los embajadores, las delegaciones de la UE, pueden desempeñar aquí un papel fundamental en el apoyo a la investigación en entornos difíciles. Si algo sucede, pueden intervenir de inmediato y esto puede ser crucial”.
Sin embargo, aunque ciertos protocolos son claros, los científicos opinan que los reglamentos son mejorables, sobre todo en el acceso a las autoridades en proyectos sociales que han sido aprobados y financiados por el ERC. “Existe la necesidad de un mecanismo de cumplimiento que garantice que el acceso se facilite en la práctica y no solo “sobre el papel”, subraya Barak Kalir, quien pide un procedimiento claro para presentar quejas ante la denegación de acceso.
La situación de unos científicos y otros depende no solo del lugar del estudio sino también del tipo de investigación. Las circunstancias son diferentes y las reglas establecidas no pueden seguirse a rajatabla. “No consiste en completar un checklist”, señala Mandolessi. Los investigadores finalmente toman decisiones éticas concretas durante su trabajo y se adaptan al contexto que les ha tocado vivir. Luego, de vuelta a sus universidades o centros de investigación, les espera un trabajo posiblemente más agradecido.
